Pérez: “Se hizo prevalecer el interés de los empresarios sobre el general”

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, manifestó ayer que, a su juicio, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de La Laguna respecto al servicio municipal de grúas se llevaron a cabo “para prevalecer el interés de los empresarios por encima del de los vecinos”.

Como sustento de tal afirmación, Pérez realizó varias consideraciones, partiendo de la base de que, “cuando se intervino la empresa, las decisiones que se tomaron fueron en beneficio de la misma y no del Ayuntamiento, como prueban dos decisiones trascendentales: que se les facilitara un generoso préstamo de 120.000 euros y que se les prorrogase la concesión otros cinco años, y todo ello cuando dicha empresa había incumplido con notoria suficiencia lo previsto en los pliegos de la contratación”. El concejal lagunero recordó que tales incumplimientos “fueron calificados como gravísimos por parte del propio Ayuntamiento de La Laguna para justificar precisamente la intervención de la concesionaria”.

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Entre dichos incumplimientos figuran el hecho de que no estuviera al corriente de los impuestos, que careciera de las preceptivas tarjetas de transporte para los vehículos (como comunicó el Cabildo de Tenerife al propio Consistorio), que adeudara salarios a los empleados (en algunos casos se acumuló tal retraso hasta los 12 meses) o que no se estuviera al corriente de la Seguridad Social.

“En todos esos casos, el Ayuntamiento tenía la obligación de rescatar el servicio, porque así se contempla en el contrato”, explica el también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, “y esa no es una decisión arbitraria para el equipo de gobierno, sino que tenía que haberla adoptado en vez de adelantarles dinero o dar continuidad a la concesión, lo que, por cierto, tampoco se preveía en el acuerdo inicial con esta empresa”.

Pérez manifestó en varios plenos municipales pasados que tiene la intención de poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía o de un juzgado de instrucción, al entender que se ha vulnerado la legislación.