El exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, estaba obligado legalmente en 2014 a rescindir el contrato con la empresa concesionaria de las grúas municipales al tener constancia (como es público y notorio) de los graves incumplimientos de la misma. Sin embargo, no solo no se rompió dicho acuerdo, sino que el Consistorio autorizó una segunda prórroga de la concesión cuando el contrato solo contemplaba una. Además, el ahora presidente del Gobierno de Canarias validó un anticipo de 120.000 euros a dicha empresa, a pesar de que la Intervención municipal advirtió sobre la posible ilegalidad de dicho crédito.
Ambas operaciones, fechadas en abril y mayo de 2014, son citadas en un auto dictado por la Audiencia Provincial el pasado 18 de octubre como dos de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de La Laguna que obligan a investigarlas judicialmente. Los magistrados de la Audiencia señalaron en dicho auto que “no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas, por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten deforma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales”.
Sin embargo, los graves incumplimientos de los entonces propietarios de la concesionaria (a los que el anterior dueño de las grúas vincula personalmente con Clavijo), obligaban por ley al entonces alcalde a romper el contrato en cuestión, tal y como se contempla en el Reglamento de Servicios de Bienes Locales.
Tal contrato dispone que el Ayuntamiento rescindirá el mismo si se dan dos incumplimientos graves. En realidad, tres ya eran incontestables.
El primero está contemplado en el artículo 20.2, y ofrece una imagen nítida del pésimo estado de la empresa. Así, la concesionaria no cumplía con su obligación de justificar, antes del día 15 de cada mes, que estaba al día con la Seguridad Social y con sus trabajadores, ya que en realidad acumuló una deuda de 83.156,78 euros en el primer caso, mientras que llegó a deber hasta 12 mensualidades a algunos de sus empleados. Tampoco abonaba las retenciones del IRPF por las nóminas, el Impuesto de Sociedades (solo en 2014 debía 11.610 euros) o las liquidaciones del IGIC (la Agencia Tributaria Canaria tuvo que reclamar 14.530,47 euros).
El segundo de los incumplimientos graves es el contemplado en el apartado 14 del citado artículo 20 del contrato, y consiste en que las grúas carecían de los títulos habilitantes para circular, las llamadas tarjetas del transporte. De ello advirtió el Cabildo mediante una comunicación pública al Ayuntamiento lagunero.
Aunque bastan dos para la rescisión del acuerdo, hay un tercer incumplimiento grave. Contemplado en el apartado 12 del artículo 20, obliga a la empresa concesionaria “a mantener en perfecto estado todos los vehículos y material adscrito al servicio”. Sin embargo, el Ayuntamiento tenía conocimiento de las graves carencias que presentaban los vehículos, tal y como le informaron unos trabajadores de la empresa que luego fueron despedidos y corroboraron dos funcionarios municipales a los que el Ayuntamiento otorgó el control de la firma desde enero de 2014.
“Ejemplar”
El hoy alcalde de La Laguna y entonces concejal del área competente sobre las grúas, José Alberto Díaz, manifestó ayer a Onda Cero Tenerife que la actuación del Ayuntamiento en el llamado caso Grúas fue un “funcionamiento administrativo ejemplar”, y achacó las críticas a que “desde hace dos años y medio sufro una campaña de acoso y derribo por parte de la oposición”. Sobre el auto de la Audiencia Provincial, se limitó a recordar la separación de poderes.
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