El hoy alcalde de La Laguna y entonces concejal de Seguridad y, por tanto, responsable de las grúas municipales, José Alberto Díaz, propuso por escrito a su antecesor al frente del Consistorio, Fernando Clavijo, que levantase los reparos de la Intervención en unos decretos por los que ahora se implica al presidente regional como posible autor de tres delitos. Si bien el máximo responsable de tales decretos es Clavijo, al que se le atribuyen lazos directos con los dueños de la empresa beneficiada por los mismos, ello no excluye cierta responsabilidad por parte de Díaz, quien sigue figurando en los escritos del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna como denunciado o mero interviniente en la causa. Los otros dos políticos que figuran en la misma son el concejal y portavoz de Coalición Canaria en La Laguna, Antonio Pérez Godiño, que prestará declaración como investigado el próximo día 4, y el propio Clavijo, principal implicado y al que la jueza ya se refiere como “el otro investigado” en el auto con el que eleva las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de Canarias dada la condición como aforado del hoy presidente.
Respecto al papel desempeñado por Díaz en estos hechos, no es accesorio el hecho de que propusiera al entonces alcalde Clavijo, mediante escrito oficial, que promulgase los decretos en los que se levantaron los reparos presentados por el interventor municipal, quien entendía ilegal que se concediera un crédito de 120.000 euros y se prorrogara la concesión a la empresa que prestaba el servicio municipal de grúas. Como ya reconocieron en sus declaraciones ante el juzgado, cinco de los siete empresarios que entonces eran dueños de la concesionaria mantenían vínculos personales con Clavijo, en hechos que tuvieron lugar a mediados de 2014. De la participación del entonces concejal José Alberto Díaz no cabe lugar a dudas. Además de los escritos en los que propone obviar los reparos de la Intervención Municipal, basta con repasar los decretos rubricados por Clavijo para comprobar su implicación en los decretos ahora investigados, y en los que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife detectó, en auto fechado el pasado 17 de octubre, indicios delictivos suficientes como para continuar investigando en sede judicial lo acaecido. Dicho auto vincula tales indicios a la posible comisión de tres delitos de corrupción, como son la prevaricación administrativa, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias.
Cabe recordar que fue en 2011 cuando los siete empresarios vinculados al hoy presidente regional tomaron el control de la concesionaria de las grúas laguneras, una venta que el anterior dueño, José Padilla, achaca en declaraciones realizadas bajo juramento a las presiones recibidas desde el Ayuntamiento, que llegó a adeudar unos 200.000 euros a Padilla para, inmediatamente después de traspasar la empresa a los siete, abonar tal cantidad a la compañía.
En poco más de dos años, los siete amigos de Clavijo condujeron a la empresa hacia un descalabro económico que se tradujo en sucesivos embargos, además de otros incumplimientos graves como el hecho de que las grúas carecieran de las preceptivas tarjetas de transporte.
A pesar de que las condiciones de la concesión permitían al Ayuntamiento rescatar el servicio, el entonces alcalde Clavijo optó por intervenirla (secuestrarla en lenguaje jurídico). Fue entonces cuando se dictaron los dos polémicos decretos para conceder el crédito y prorrogar la concesión, propuestos por José Alberto Díaz, pero rubricados y dictados por el propio Fernando Clavijo.
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