La junta de la Sociedad del Parque Científico y Tecnológico aprobó ayer la disolución de esta entidad, con un año de retraso sobre el tiempo previsto inicialmente para disolverla, que fue creada por el Cabildo palmero para promover la creación de estas instalaciones. Una tarea que ha asumido el propio Cabildo directamente, a través del servicio de Nuevas Tecnologías, si bien todavía el Parque Científico, que ha pasado a denominarse Centro de Astrofísica y Tecnología de La Palma (Catelp), todavía no ha comenzado a ejecutarse, aunque han adquirido los terrenos, en Breña Baja, donde está prevista su ubicación.
La disolución de la entidad se produjo con el acuerdo de los miembros que componen esta sociedad, si bien la representante del Partido Popular, María de Haro, se mostró crítica con la gestión que había llevado a cabo el Cabido con este asunto, que tendría que haber estado resuelto a finales del pasado año 2016.
Por el camino, según informó la consejera, el Cabildo ha tenido que liquidar a una persona por la rescisión del contrato, realizar reformas en las instalaciones que empleaba esta sociedad para devolverla a su estado original, además de abonar una serie de meses que se debían del alquiler al propietario de las oficinas. A ello sumó los más de 34.000 euros que el Cabildo ha tenido que depositar, ante la reclamación judicial presentada por el que fuera gerente de la sociedad.
“El PP ha apoyado la liquidación, pero estas no son las maneras de actuar y espero que se aprenda de cara al futuro”, señaló la portavoz del grupo popular, quien añadió que ha existido “una absoluta falta de control” en este procedimiento.
El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, recordó que en el órgano de gobierno de esta sociedad estaban representadas todas las fuerzas políticas, por lo que “la responsabilidad es de todos”. Además, aseguró que el Cabildo ha apoyado las labores del liquidador “en todo lo que se nos ha pedido”
En cuanto a la demanda de cantidad presentada por el gerente, Pestana indicó que “lo que se ha hecho es consignar la cantidad”, que es lo que la legislación en estos procesos liquidatorios estipula, y subrayó que “entendemos que no tiene razón” en este requerimiento.
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