Acabar con la disparidad de criterios con los que se aplican algunas normas y terminar con una maraña administrativa que retrasa en exceso las tramitaciones. El ocio, una de las bazas fundamentales como destino turístico, tiene en la incertidumbre jurídica y en un marco legal tortuoso los principales obstáculos al necesario desarrollo y crecimiento de un sector que genera miles de trabajos en los principales núcleos turísticos.
Empresarios y profesionales coinciden en la necesidad de modificar la normativa que regula el ocio y la restauración, demanda de sobra conocida por los departamentos competentes del Gobierno: Turismo y Presidencia. A juicio de los empresarios, muchos de los preceptos exigidos entorpecen innecesariamente el inicio de la actividad y su consolidación o crecimiento, y en distintos aspectos contradice el espíritu de la directiva Bolkenstein.
Javier Cabrera Losada considera que el exceso de regulación provoca una maraña burocrática. “Nos encontramos con el problema de normas confusas y con un mapa de competencias, repartido entre ayuntamientos y Cabildo, insuficientemente definido”, afirma. Cree que debe corregirse un marco legal que dificulta los trámites de forma innecesaria. “Cuando en ocasiones se tarda hasta ocho o nueve años en obtener una licencia de apertura es que algo falla y hay que cambiarlo”, recalca, “porque se han mutilado las buenas intenciones de la directiva europea, convirtiendo en un camino tortuoso la apertura de un negocio por culpa de los límites que se han puesto a los aforos, por párrafos restrictivos o exigencias sin sentido sobre los aseos”.
El sector coincide en que deben reducirse los requisitos de los baños para aforos determinados, acabar o reconducir la resistencia de algunos ayuntamientos a dar licencias de bares o restaurantes con actividades musicales y en que el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos se corrija, porque choca con las necesidades de las empresas, limita su implantación, convierte en inviables proyectos bien planteados, debilita la competitividad y entorpece la generación de miles de empleos.
En similares términos apunta Joaquín Gómez Clapes, quien pone especial énfasis en la lentitud de la Administración. “Estamos muy lejos de la idea de ventanilla única”, recalca, “entre otras cosas porque cada corporación tiene un ritmo diferente y en demasiadas ocasiones también criterios distintos”.
Para Gómez Clapes la directiva Bolkenstein se aplica con diferentes matices. “No se han dado pasos para acabar con incertidumbres y con algunas inseguridades jurídicas”, afirma. A su juicio, lo ideal sería una normativa “única y rápida”, a lo que añade la oportunidad de ser estrictos pero sin provocar que muchos inversores acaben tirando la toalla. “Problemáticas como la del ruido se corregirían con certificaciones de calidad que den seguridad a los empresarios”, añade. Si desde el Círculo de Empresarios y Profesionales se viene reclamando la derogación del Decreto 90/2010 y del 29/2013 que lo modifica, por sus contradicciones con el Decreto 86/2013, Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, los empresarios insisten en la conveniencia de acabar con un marco que provoca mas dificultades de las que se dan en otras comunidades. Higinio Guerra considera que tan necesarios son los controles y el cumplimiento como acabar con un laberinto legal que ralentiza la puesta en marcha de los negocios o su consolidación. “Lo razonable sería que pudiéramos echar a andar con la declaración responsable”, asegura.
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