Canarias cerró el año 2017 con un total de 5.417 nuevas altas en el sistema de dependencia, 506 más que el año anterior y la mayor cifra de su historia, con lo que se mantiene el “buen ritmo” y se confirma el “cambio de tendencia” iniciado en esta Legislatura.
Así lo ha expuesto a los medios de comunicación la consejera regional de Políticas Sociales, Vivienda y Empleo, Cristina Valido, quien ha resaltado que en la actualidad hay 19.437 beneficiarios, frente a los 13.385 que había a comienzos de 2016.
Concretamente, el 30,5% de los usuarios dados de alta en el sistema se ha producido en los dos últimos años. Solo en el pasado ejercicio fueron 4.595 personas, con un crecimiento neto de 2.565 debido a 2.030 fallecimientos.
Valido ha insistido en que estos datos de la Consejería –que cada vez se aproximan más a los del Imserso a falta de pulir algunas deficiencias en el sistema informático– suponen un “cambio muy significativo” en la gestión de la dependencia en las islas, resaltando también el “mérito” del anterior equipo de Patricia Hernández (PSOE). “Esto es un trabajo compartido”, ha comentado.
De esas 5.417 nuevas altas, 3.318 pertenecen a prestaciones económicas, 1.640 a servicios públicos y 459 a teleasistencia, con lo que ya hay 875 beneficiarios del servicios. “En los dos últimos años, se han dado de altas casi los mismos usuarios que en lo once años anteriores”, ha señalado la consejera.
Además, ha incidido en el esfuerzo por “dejar a cero” la deuda por cuidados en el entorno y comunidades de herederos. En el primer caso ha habido 2.109 beneficiarios por importe de 12,2 millones, y en el segundo, 53 comunidades que han percibido algo más de 380.000 euros.
La consejera ha valorado también la firma de convenios con cabildos y ayuntamientos, que ha generado “mucho trabajo” administrativo, pero ha incidido en que las corporaciones locales son “fundamentales” para la correcta aplicación de la dependencia en las islas.
El objetivo, ha señalado, es que en el futuro funcione el sistema “de manera dinámica” y que no dependa de “ocurrencias o planes de choque”, y por ello, ha abogado por seguir fomentando la simplificación de los procedimientos.
En este punto ha destacado el acuerdo alcanzado con la Fecam y que han rubricado 30 municipios por el que los ayuntamientos pueden realizar los informes para fijar el reconocimiento de la dependencia y el derecho a prestaciones.
MEDIO MILLÓN DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS EN 2030
En esa línea, ha dicho que gracias a la Ley de Crédito Extraordinario se consiguieron más de 500 plazas sociosanitarias adicionales, y con el segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias se espera multiplicar por cuatro en los próximos años.
Valido ha apostado por seguir incorporando más personas al sistema –entre otras cosas porque aumentaría la financiación procedente del Estado–, y para ello ve “esencial” el apoyo de los ayuntamientos especialmente, porque hay muchos dependientes que se sienten “bien atendidos” por el servicio de ayuda a domicilio municipal y no solicitan las ayudas.
Por islas, ha reconocido que hay más presión en las islas centrales que en las periféricas por el volumen demográfico, y entre la provincia occidental y la oriental por el mayor envejecimiento de la población.
En los estudios que maneja el Ejecutivo se prevé que en 2030 en el archipiélago haya medio millón de personas mayores de 65 años, de los que más del 40 por ciento serán dependientes, de ahí que “el reto” sea aumentar las plazas residenciales y los servicios de autonomía personal.
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