Es como un adelanto del Día de la Marmota (en inglés, Groundhog Day), conocido mundialmente desde que sirviera de referencia a la película de mismo nombre dirigida por Harold Ramis en 1993 y que toma como base la costumbre de los granjeros norteamericanos que, cada 2 de febrero, remedan al Oráculo de Delfos observando a una marmota, justo al salir de su periodo de hibernación. Si se ve o no la sombra de la marmota (o sea, si el día está o no nublado), el invierno termina ya o continuará otras seis semanas. Hasta entre estas marmotas pitonisas hay un líder, un referente: la marmota Phil de Punxsutawney (estado de Pensilvania) y, como corresponde a una estrella, Phil es la marmota de la película.
En España, el filme que protagonizó Bill Murray se llamó Atrapado en el tiempo, título que se ajusta mucho más al panorama judicial del hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuya carrera política se ve continuamente lastrada por los ecos judiciales de su etapa en el Ayuntamiento de La Laguna, primero como concejal (2003-2008) y luego como alcalde (2008-2015).
Es más, aún ostentaba el bastón de mando lagunero cuando, apenas unos meses después de proclamarse candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno, a Clavijo le alcanzó de lleno el llamado caso Corredor. El todavía alcalde prestó declaración el 9 de enero de 2015 como imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental. Lo hizo ante el juez César Pamparacuatro y en el Juzgado de Instrucción Número Uno de La Laguna, a cuenta de las denuncias de un empresario del sector del ocio. Lo peor para Clavijo del caso Corredor era el contenido de una grabación telefónica donde se le escuchan frases que, para el portavoz municipal lagunero de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, “deberían haber motivado su dimisión y abandono de la carrera política”, pero lo cierto es que tal grabación no contaba con la preceptiva autorización judicial o, al menos, nunca apareció el auto judicial firmado y motivado para ello. A pregunta de DIARIO DE AVISOS, el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, respondió en su día: “¿Si es posible que se pierda un papel? Lo extraño es que no se pierdan sumarios enteros”, en referencia indudable a las carencias de medios con que trabaja la Justicia de las Islas.
Lo cierto es que la juez Teresa Álvarez de Sotomayor, en funciones de sustitución de Pamparacuatro en el Juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, anuló en marzo de 2015 las grabaciones y, como no podía ser de otra manera, fue en abril del mismo año cuando se retiraron todas las acusaciones contra Clavijo en el caso Corredor.
Entre medias de aquel enero de 2015 en que Clavijo declaró como imputado y el mes de abril del mismo año en que se retiraron las acusaciones, la marmota Phil salió, como cada 2 de febrero, de su madriguera de Punxsutawney y, por lo que se ve, no le agradó el panorama y anunció que aún faltaban seis semanas de invierno. Acertó. Justo lo contrario pasó en 2016, cuando cabe suponer que la hibernación le sentó mejor a Phil, porque la marmota auguró que llegaba la primavera y también acertó. Ese año no constan problemas judiciales para Clavijo.
Llegamos así a enero de 2017, cuando comienza una extensa serie de publicaciones en DIARIO DE AVISOS sobre el caso Grúas que, un año después, tiene al presidente del Gobierno de Canarias a las puertas de su posible imputación (ahora investigado). Mientras tanto, sigue profundizando la investigación del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, donde ya ha declarado como investigado el concejal y portavoz municipal de CC, Antonio Pérez Godiño. Además, la jueza medita si llama, también como imputado, al hoy alcalde, José Alberto Díaz (CC).
Desde aquel mes de enero del año pasado, este periódico ha contado con detalle a sus lectores las dos vertientes del caso Grúas. La política, donde está denunciado Clavijo y que, según un auto de la Audiencia Provincial con fecha del 17 de octubre, se investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, y la del presunto saqueo de piezas en vehículos retirados por las grúas laguneras que se custodiaban en un depósito del Ayuntamiento de La Laguna. Es el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de los Adelantados el que instruye las diligencias por esta causa, en la que están imputados los siete empresarios que controlaban la concesionaria en aquella época, cinco de los cuales han reconocido en sede judicial algún tipo de vínculo personal con el entonces alcalde.
Como pasó en 2015, otro año que arrancó con problemas judiciales para Fernando Clavijo con el caso Corredor, la marmota Phil predijo que todavía quedaba invierno en 2017, el año en que el caso Grúas adquirió una relevancia cuyo alcance aún está por desvelar.
Llegamos así a 2018. La marmota Phil sigue en su madriguera de Punxsutawney a la espera del 2 de febrero, pero otra sombra judicial se ha posado sobre Clavijo, quién sabe de qué tamaño. Es a cuenta de la denuncia presentada esta semana ante los juzgados laguneros por el portavoz municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, que ya se conoce como el caso Reparos.
Básicamente, el relato de este concejal lagunero se basa en 24 presuntas adjudicaciones ilegales del Ayuntamiento de La Laguna por dos vías que, en realidad, son la misma. Una es una prórroga retroactiva de los contratos en cuestión. La otra, simplemente, es la autorización de la continuidad de los mismos.
La clave radica en que esos 24 contratos ya habían extinguido. Porque es esa finalización de los contratos la base principal sobre la que el interventor municipal, Gerardo Armas Davara, presentó reparos en todos los expedientes, al entender que tales prácticas municipales no son legales. Entre otras cosas, porque son sistemáticas, ya que los levantamientos de esos reparos se llevaron a cabo en 23 meses, los que van desde marzo de 2015 a febrero de 2017.
¿Cuál es el supuesto objetivo? Para Santiago Pérez y la propia Intervención Municipal, el efecto que se produce es que el contrato con la empresa de turno se prorroga sin base legal para ello, y sin dar oportunidad a otras empresas a presentar ofertas alternativas. En la práctica, esos vínculos del Ayuntamiento con las empresas favorecidas no son revisados en cuanto al importe, sin duda un sueño hecho realidad para cualquier concesionaria.
De la importancia del caso Reparos hay dos datos muy llamativos. En uno de los expedientes aportados por Santiago Pérez, una empresa ha cobrado ya del Ayuntamiento más de 155.000 euros a raíz de un contrato adjudicado sin concurso porque, inicialmente, no superaba el límite legal fijado en 18.000 euros. El otro dato que permite vislumbrar la posible relevancia de los reparos es que una de estas prórrogas es la del caso Grúas, que ahora parece multiplicarse por 24.
Mientras tanto, Phil sigue invernando en Pensilvania. Si el oráculo es el frente judicial de Clavijo, este año la marmota dirá que vienen otras seis semanas de invierno.
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