medio ambiente

Garantizan que todas las aguas vertidas al mar están tratadas

El Gobierno canario, el Cabildo y los ayuntamientos abordan la situación de los 11 puntos de vertidos no autorizados de la Isla, que achacan a cuestiones administrativas

Representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos palmeros mantuvieron ayer una reunión para abordar la situación de los once vertidos irregulares de agua que se han registrado en la isla en el censo de Canarias que recientemente ha hecho público la Consejería de Política Territorial. El vicepresidente insular y responsable de Aguas del Cabildo, José Luis Perestelo, asegura que los problemas en La Palma de legalidad en esta materia tienen que ver con cuestiones “de procedimiento administrativo” y no del “tratamiento de las aguas”.

Perestelo señala que las aguas que se vierten pasan por depuradoras y el Consejo mantiene “un control exhaustivo, con análisis permanentes, de las aguas que se tratan en esas depuradoras”, lanzando con ello un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía.

De hecho, el consejero asegura que en los presupuestos para este año del Consejo Insular de Aguas se abordan dos cuestiones que eran asignaturas pendientes de esta entidad: el saneamiento y depuración de las aguas residuales. Hasta ahora, el grueso de la inversión de este órgano dependiente del Cabildo se centraba en mejorar las redes de riego para la agricultura.

En este sentido, destaca la inversión que van a realizar en la depuradora comarcal del Valle de Aridane, “la más importante de la Isla”, para la construcción del depósito de tormentas y el desarenado, a la vez que van a iniciar “un terciario que permita reutilizar esas aguas”.

“Tenemos como objetivo no solo resolver la parte administrativa, sino no verter agua al mar, dotando a las depuradoras de un terciario que permita su reutilización”, subraya.

Blanca Pérez, viceconsejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, concretó que la situación de la isla de La Palma en cuanto a los vertidos de tierra a mar “es similar y está en los porcentajes del resto de las islas, a excepción de El Hierro”, que carece de ellos. “Hemos adquirido el compromiso para ponerlos a norma totalmente”, añadió.

Muchos de los puntos críticos señalados en La Palma son aliviaderos, como el caso de Maldonado, en Santa Cruz de La Palma. Y solo se limitan a cuatro “los que son de cierta entidad”, destaca la viceconsejera. En referencia a la capital palmera, Tazacorte, Breña Baja y San Andrés y Sauces.

Pérez señala que la Consejería de Política Territorial ha puesto a disposición de los ayuntamientos, especialmente para los más pequieños, y corporaciones los medios técnicos de asesoramiento para lograr esa regulación. Mientras que desde la Consejería de Agricultura están llegando a convenios con las administraciones locales para dotar de recursos estas acciones, sin ser los competentes en esta materia. Además de que son “muchos los cabildos” que están también poniendo medios para resolver esta problemática.

En cualquier caso, coincidió con Perestelo al señalar que muchos de los puntos señalados como irregulares están cumpliendo con la normativa, pero falta por reactivar los expedientes para cerrar el proceso administrativo que termine de legalizarlos.

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