El PP exige una auditoría externa para investigar las listas de espera

El Partido Popular (PP) ha exigido la realización de una auditoría “externa” e “independiente” para conocer los datos reales de las listas de espera de la sanidad en Canarias con el fin de contar con un “diagnóstico riguroso sobre la realidad del sistema”, ya que considera que los datos oficiales no son de fiar. Así lo anunció ayer el presidente regional del PP, Asier Antona, quien, además, insistió en que su formación también ha reclamado la actuación del Comisionado de la Transparencia, para conocer cómo se obtienen los datos. “No podemos seguir dando palos de ciegos y malgastando los recursos que provienen de otras administraciones, como el Gobierno central”, aseguró Antona.

Además, el líder de los populares isleños denunció que, “aunque el Archipiélago cuenta con una sanidad de primera división, el Gobierno es de tercera”. Antona precisó que en 2017 el presupuesto de la Consejería de Sanidad creció en 274 millones de euros con respecto al del año anterior y añadió que el presente ejercicio dispone de unos 3.000 millones. “No fallan ni los recursos ni los profesionales, falla la gestión política de un modelo agotado”, aseveró.

En este sentido, el presidente de los populares denunció la carencia de un Plan de Urgencias, la estrategia de salud mental y de ciudados paliativos y la no resolución de las ofertas de empleo público de 2007 y 2017. Asimismo, propuso una serie de medidas a poner en práctica como el refuerzo de Atención Primaria y la mejor coordinación de este servicio con la Atención Especializada, potenciar las unidades extrahospitalarias y mejorar la atención a crónicos. Australia Navarro, portavoz parlamentaria del PP, denunció que “las consecuencias del fracaso de la sanidad las sufren los pacientes” y puntualizó que, atendiendo a los datos oficiales, el 8% de la población (183.000 personas) están en lista de espera, escenario que calificó como “una epidemia”. Insistió en que la demora es la mayor de toda España y aseguró que se trata de “una vulneración de los derechos humanos”. El responsable de materia sanitaria, Zacarías Gómez, denunció las diferencias de atención tanto por islas, como por hospitales y servicios, lo que, a su juicio, revela que las políticas no han sido correctas.