Abreu: “Clavijo y Blanca debían saber que habían encarcelado al trabajador que siguió cobrando”

“Fernando Clavijo y Blanca Pérez, que entonces eran el alcalde y la concejala responsable del Área de Personal, debían tener conocimiento de que el trabajador en cuestión ya había ingresado en prisión”. Así lo entiende el concejal lagunero Javier Abreu, que ayer declaró en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna como testigo de un caso que investiga los pagos de su nómina municipal a un funcionario a pesar de que ya había empezado a cumplir condena en el Centro Penitenciario Tenerife II. Abreu testificó después de que lo hiciera el ahora alcalde, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria (CC), y la primera teniente del alcalde y edil del PSOE, Mónica Martín.

Como recordará el lector, es la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife la que considera que hay indicios suficientes de que un empleado del Ayuntamiento de La Laguna presuntamente ha cobrado irregularmente su salario desde 2013 gracias a la connivencia, también supuesta, de dos de sus familiares, también trabajadores del Consistorio de la Ciudad de los Adelantados, así como de hasta cuatro médicos que suscribieron partes de baja a su nombre, cuando en realidad se encuentra preso en el Centro Penitenciario Tenerife II desde el citado año. Que se tenga constancia, los pagos ahora investigados se produjeron desde el 29 de mayo de 2013 hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2015. El total de lo abonado en dicho intervalo de tiempo es 75.105,13 euros.

Fueron Abreu y Martín quienes denunciaron ante la Justicia este caso, lo que, según la versión ofrecida ayer a DIARIO DE AVISOS por el propio Abreu, le fue afeado entonces por José Alberto Díaz en una reunión celebrada en el despacho del alcalde. Con respecto a las testificales prestadas ayer, solo ha trascendido parte de lo manifestado por Javier Abreu, para quien, como se ha dicho, no hay dudas de que el ahora presidente regional, Fernando Clavijo, y la actual viceconsejera autonómica Blanca Pérez, estaban al tanto de que el empleado en cuestión ya dormía en la cárcel.

“Todo el mundo sabe que no se movía un papel en el área de Personal sin que los dos no hubieran sido informados, pero además hay una prueba indudable, dado que el Centro Penitenciario siempre se dirige al ayuntamiento donde residía el nuevo recluso, al objeto de que sea dado de baja en el Padrón y así tramitar su alta en el municipio de El Rosario”.