La primera asociación de agencias de propiedad inmobiliaria del sur de Tenerife, recientemente constituida, denuncia el “alarmante incremento” de las estafas a inversores extranjeros en operaciones de compraventa y advierte del “gravísimo riesgo” que corre la imagen exterior de la Isla, que, recuerda, vive del turismo, por lo que exige a las instituciones públicas un “compromiso serio” para poner freno a esta lacra.
“En los últimos años, coincidiendo con el crecimiento económico tras la crisis, la situación se ha desbordado. Cada vez son más los clientes, la gran mayoría extranjeros, que vienen a nuestras inmobiliarias para denunciar estafas”, alerta Tenerife South Real Estate, asociación que integra a 32 oficinas de la comarca sur en las que trabajan 150 empleados, que expresa su “máxima preocupación” por las consecuencias de estas prácticas delictivas.
“Todo el gasto presupuestario del Gobierno de Canarias en ferias internacionales como Fitur, la World Travel Market o la ITB es dinero tirado a la basura si se sigue permitiendo que a los inversores de fuera se les engañe, porque el boca a boca en sus países de origen es mucho más efectivo que cualquier campaña”, advierten Rubén Darío Rodríguez y Domenico D’Eliso, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la asociación, que reclaman más seguridad jurídica y policial.
Las formas en las que se estafa a los inversores son distintas. Una de ellas es la de los “abrepuertas” y “muestrapisos”, sin conocimientos ni experiencia en el sector, que venden una propiedad y a la hora de pagar impuestos como el de transmisiones patrimoniales (el 6,5% de una media que ronda los 300.000 euros) negocian con Hacienda un pago por cuotas, cuando ya disponen del 100% del dinero. Con el primer pago tramitan toda la documentación necesaria, abonan el segundo y cuando toca pagar el tercero ya están fuera de la Isla. El propietario sufre las consecuencias, ya sea con una sanción o con un embargo.
Otro de los fraudes es la venta de pisos sin tener encargo de venta. El presunto intermediario, tras conocer a su víctima en un bar, restaurante o en la misma calle, ofrece un “chollo irrechazable” a su cliente, al que le muestra el piso, aprovechando que los dueños no están en la Isla, y al que le piden una cantidad inicial sin ninguna garantía que suele oscilar entre 10.000 y 30.000 euros. Una vez obtienen el dinero, desaparecen.
“Un cliente nuestro pagó el 20% de un piso a un intermediario que trabaja desde su casa. Como era una ganga, tuvo que dar el dinero rápidamente y se encontró con que en la inmobiliaria se lavaron las manos, al decirle que el propietario ya había recibido el dinero, pero no contestaba más al teléfono. En ese caso hay que exigir la copia de la transferencia al propietario y, si no, denunciar a la inmobiliaria”, afirman los directivos de la nueva asociación. La venta de pisos con embargo o que no están debidamente registrados, o incluso las operaciones en la que no se explican las obligaciones del comprador, completan las distintas modalidades fraudulentas a la hora de adquirir una propiedad.
Rodríguez y D’Eliso aconsejan a las víctimas, además de presentar denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil, poner los hechos en conocimiento de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias y del ayuntamiento donde se cometa la estafa. “El mensaje que queremos transmitir es que no confíen en cualquier persona a la hora de adquirir un inmueble. Si hay que comprar, hay que hacerlo con los profesionales que ofrecen las máximas garantías”, entre las que citan el seguro de responsabilidad civil que da cobertura a cualquier error que pueda cometer una inmobiliaria.
Ambos insisten en que cualquier persona no puede vender apartamentos. Por ello, el primer paso de la asociación, que ya cuenta con un código deontológico de obligado cumplimiento, es promover la creación de un colegio profesional, similar al de otros gremios, que garantice unas pautas de comportamiento que, de no cumplirse, acarrearía la expulsión inmediata del colegiado.
“Nosotros, a diferencia de quien vende un piso y recibe una comisión, pagamos nuestros impuestos y a nuestros empleados. Estamos abiertos a todo el mundo que quiera trabajar, pero con las mismas armas”, indican ambos directivos, que insisten en reclamar al Gobierno de Canarias una legislación que acabe con uno de los grandes semilleros de la economía sumergida.
Piden un mayor compromiso de las instituciones públicas con el sector
Tenerife South Real Estate, la nueva asociación de inmobiliarias del Sur, aglutina a 32 oficinas de la comarca que venden una media de entre 1.400 y 1.800 propiedades al año, lo “que conlleva el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), IGIC, plusvalías, transmisiones patrimoniales y basura, además de generar actividad económica entre abogados, notarios, asesores fiscales, tiendas de muebles y empresas de reformas.”
“Somos la tercera actividad que más economía mueve en esta zona de la Isla, después de la hostelería y a muy poca distancia del sector de la restauración”, afirman sus representantes, que lamentan la ausencia del Gobierno de Canarias y de los principales ayuntamientos del Sur al acto de presentación de la asociación, con la excepción del concejal de Turismo de Arona, David Pérez. Ahora, los dirigentes de la empresa anuncian que se reunirán con el Gobierno de Canarias y “alcalde por alcalde”, a los que avisan que “pueden estar tranquilos, ya que no les vamos a pedir ninguna ayuda económica, porque no la necesitamos; nos autofinanciamos”.
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