El Parlamento vuelve a estirar el plazo para renovar sus órganos auxiliares

Este año, el calendario ha sido riguroso. Hace coincidir el día de los enamorados con el carnaval. Por esa o una razón más prosaica que romántica, la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias ha vuelto a estirar el chicle de la renovación de tres de sus órganos auxiliares: Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y el Diputado del Común. El aplazamiento se decidió ayer a solicitud del PSOE. Estaba previsto que el vencimiento fuera el 14 de febrero en vez del día 8 de este mes. Pero la flecha de Cupido se ha desviado del objetivo.

El 20 de noviembre comenzó oficialmente el proceso para relevar a Jerónimo Saavedra como diputado del Común, cuyo mandato de cinco años expiró en 2016; a siete miembros del Consultivo y los cinco auditores. Sin embargo, la Mesa y la Junta acordaron el 16 de enero seguir mareando la perdiz, hasta llegar al tercer retraso. Desde el inicio, el despacho de apuestas funcionó a un ritmo especulativo. Lo último que se conoce de los pronósticos es que el PSOE postula al incombustible José Segura Clavell para el Diputado del Común; Coalición Canaria promociona a José Carlos Naranjo Sintes, que lleva dos décadas de auditor, y el PP soltó la liebre, quizá para despistar, de Pablo Matos para el Consejo Consultivo. A Podemos y Nueva Canarias los excluyeron de la peña. Ante los medios de comunicación, la presidenta de la Cámara autonómica, Carolina Darias, informó de que el límite para la presentación de candidaturas se ha fijado a las 12.00 horas del miércoles 21 de febrero. Las comisiones de idoneidad se posponen al lunes 26: a las 10.00 horas, la de Presupuestos, y a las 12.00, la de Gobernación.

En el pleno de la próxima semana se debatirá una proposición no de ley (PNL) de Podemos sobre cáncer pediátrico; dos del PP relativas al proyecto Escan (para ayudar con perros a las víctimas de la violencia de género) y a una auditoría sobre las listas de espera sanitarias; dos del PSOE en torno a la publicación de las listas de espera y la modificación de la Ley de Transparencia, y otras tantas de CC-PNC acerca de la presidencia de turno de las regiones ultraperiféricas (RUP) y la aplicación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) en circunstancias de dislexia. Entre las comparecencias, habrá una para hablar del estatuto de municipios turísticos (ASG); sobre los servicios sociales y el REF, de NC; del crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Redexis para el despliegue del gas urbano, a iniciativa de Podemos; de industria (PP); dependencia (PSOE); así como sobre los residuos y los áridos en Güímar (CC-PNC).

En la ronda de preguntas, Darias circunscribió a un “conflicto jurídico” la sentencia del Tribunal Constitucional que concluye que la Mesa vulneró el derecho de los diputados de Podemos a ejercer sus funciones representativas durante la tramitación de la Ley de las Islas Verdes, por no admitir a trámite sus enmiendas. “La Mesa actuó conforme a la doctrina del propio Tribunal Constitucional”, alegó. “Ha habido una interpretación diferente, que, como no podía ser de otra manera, acatamos. Se hará revisión de todos los procedimientos para que se cumpla ese criterio del Constitucional, porque queremos que no se repita la controversia”. En respuesta a la petición de dimisión procedente del grupo afectado, apeló a la autocrítica y eludió la polémica.

En lo que respecta a la fallida votación, secreta, para cubrir las dos vacantes en el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) al faltar un sufragio de los 36 requeridos, Carolina Darias enfatizó que ella nunca a roto la disciplina de voto del Partido Socialista y, aunque precisó que no es una potestad suya, dejó en el aire el cuarto y resolutivo intento de que Marta Cantero (CC) y Carmen Zamora (PSOE) reciban el aval. “No me parece [su situación] un plato de buen gusto”, comentó. En cuanto a la suspensión de la sesión extraordinaria del 29 de enero, por la “predicción meteorológica de la tarde del domingo”, Carolina Darias encajó las quejas de la ciudadanía e invocó el consenso de “todos” los grupos.