Antonio Miguel Pérez-Godiño no es un concejal lagunero cualquiera, sobre todo para su formación política: Coalición Canaria (CC). La mejor prueba de ello es que Pérez-Godiño ya era concejal dos años antes de que se fundara CC, ya que el protagonista que hoy nos ocupa tiene el acta municipal desde 1991 y Coalición existe desde 1993.
Hoy en día, Pérez-Godiño es el portavoz del grupo municipal de CC en la Ciudad de los Adelantados y, vistos sus servicios, cabría imaginar que se trata de un dirigente respetado y venerado por los suyos, pero los hechos prueban lo contrario, a tal punto que las sospechas sobre su indeseado rol como víctima propiciatoria del caso Grúas avanza al ritmo que lo hace la investigación judicial que tiene lugar en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna.
De entrada, nadie puede negar que, sorprendentemente, Pérez-Godiño sigue siendo el único dirigente político que ha sido llamado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) en las dos ramificaciones del caso Grúas. No deja de resultar llamativo este dato, dado que es sabido que si este concejal firmó uno de los tres decretos sobre los que la Audiencia Provincial advierte indicios delictivos, fue porque quien debía hacerlo, el hoy alcalde y entonces concejal del Área Seguridad, José Alberto Díaz, se encontraba de vacaciones aquel mes de agosto de 2014.
Precisamente, el hecho de que fuera Pérez Godiño quien rubricase la decisión de prorrogar la concesión del servicio municipal de grúas, a pesar de que la Intervención alertó sobre la ilegalidad de tal medida, es el argumento facilitado por la jueza titular del citado juzgado lagunero para rechazar la imputación de José Alberto Díaz, solicitada por la acusación popular impulsada desde Por Tenerife-Nueva Canarias. Su portavoz, Santiago Pérez, anunció esta semana que recurrirán ante la Audiencia Provincial esta resolución de la jueza, por cuanto consideran que Díaz es realmente el responsable de dicho decreto, por mucho que formalmente lleve la firma de Pérez-Godiño. Para Santiago Pérez, que este histórico concejal de CC corre el riesgo de convertirse en una víctima propiciatoria, una suerte de cabeza de turco que sirva como la barrera que evite la imputación del hoy alcalde lagunero y, sobre todo, del actual presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (que firmó los otros dos decretos de dudosa legalidad), es una hipótesis que gana fuerza a medida que se suceden las comparecencias de testigos por el caso Grúas.
Un ejemplo de ello es lo manifestado esta semana por dos juristas externos a los que contrató el Ayuntamiento para fundamentar el levantamiento de los reparos interpuestos por la Intervención municipal. Tanto Francisco Villar como Francisco Clavijo coincidieron a la hora de recordar que su informe solo versaba sobre el crédito concedido a la concesionaria, pero no sobre la prórroga. Ello deja sin base legal el decreto que lleva el nombre de Pérez-Godiño y, por tanto, sin justificación jurídica que avale el levantamiento de los reparos sobre el mismo. Santiago Pérez va más allá cuando manifiesta sus dudas sobre el desempeño del abogado defensor de Pérez-Godiño, al entender que cuida de los intereses de Clavijo y Díaz, además de los de su cliente.
Coalición Canaria tiene su parte de culpa a la hora de alimentar la hipótesis de la víctima propiciatoria. Nada menos que su portavoz (como partido, no como grupo municipal), Juan Manuel Castañeda, dio una rueda de prensa para denunciar lo que CC considera una “campaña” contra sus dirigentes. Pero citó a Clavijo y a Díaz. No a Pérez-Godiño. El que lleva de concejal desde antes, incluso, de que se fundara el propio partido.
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