“Tengo esperanzas de que el juez vea que el Ayuntamiento de Candelaria ha hecho lo humana y técnicamente posible para solucionar el problema de los vertidos en el Polígono”, manifiesta Fernando Alduán en la fecha en la que se cumple la moratoria de nueve meses que dio el Juzgado Número 4 de Santa Cruz para acabar con la contaminación en el Polígono Industrial Valle de Güímar.
“Hay dos empresas en nuestro suelo -reconoce Alduán- que exceden la contaminación, en los demás casos se trata de cuestiones veniales, tras unas analíticas que se han realizado cinco veces y en cinco horarios diferentes. Ahora estamos en el período de alegaciones de las empresas y será nuestro ingeniero y nuestro servicio jurídico los que determinen si cumplen o no”. Asimismo, considera que “es una buena noticia que ya se se hable del proyecto de la Edari, y lo que importa es eso, no quién la pague o cómo se pague; tenemos que dejarnos de tirar piedritas en los periódicos”. Alduán admite que “ahora estamos en manos de la decisión del juez, pues la autorización del emisario solicitada a la Viceconsejería y a Costas no ha llegado, y ya sabemos lo lenta y tortuosa que es la Administración. Pero con esa autorización no solo no se puede verter contaminada, sino ninguna agua”.
Por otra parte, los denunciantes de los vertidos, Sí se puede e Izquierda Unida, manifiestan su preocupación por el posible cierre del Polígono. “Este martes [por hoy] se cumple el plazo dado por el juzgado, y el tribunal solo va a poder tomar nota de las infracciones del Consejo Insular de Aguas”, señala el concejal de Sí se puede en Candelaria, Agustín Espinosa, quien añade que los ayuntamientos, responsables del polígono, “han tenido años para abordar esta situación y ahora escurren el bulto, miran para otro lado y despejan balones”. “El Ciatf lleva mucho tiempo mareando la perdiz -agrega-; o sus responsables no entienden lo que tienen entre manos o están intentando desorientar a la ciudadanía”. De igual manera se expresan Francis Hernández (IU Arafo) y Lourdes Galindo (SSP Güímar), quienes temen por los “3.000 puestos de trabajo del Polígono”.
El incumplimiento de los plazos establecidos por el juzgado puede conducir a una medida que afecta a más de 3.000 personas empleadas en las empresas ubicadas en el polígono. Al respecto, el concejal de IUC en Arafo, Francis Hernández, manifiesta que “no se puede jugar con los puestos de trabajo de la gente; hemos llegado a estas alturas en la que el plazo se cumple mañana y solo se ha hecho el listado de empresas y de los productos con los que contaminan”.
“Lo hemos advertido -apunta la concejala de Sí se puede en Güímar, Lourdes Galindo-, hemos avisado reiteradamente que el vertido directo de aguas residuales procedentes de trabajo industrial es muy peligroso, tal como demuestra el resultado de las tomas analizadas, que indican que son necesarios procesos de depuración complejos y profundos, no básicos, como esperaban algunos responsables políticos”.
Espinosa señala que la información que trasladó este el Consejo Insular de Aguas al juzgado respecto a que la depuración se resolvía en nueve meses y que costaría un millón y medio de euros era errónea, ya que hay que contar con el plazo de licitación de la prestación del servicio y con los costes reales de una operación de depuración muy profunda, que se estima en unos seis millones de euros para crear la depuradora.
Finalmente, Galindo explica a la alcaldesa de Güímar que “el emisario no es el que depura las aguas, es solo el conducto por el que se ejecuta el vertido”, al tiempo que se pregunta si Carmen Luisa Castro realmente ignora el procedimiento de depuración, si “no sabe lo que es una depuradora y un emisario o intenta engañar a la gente, solo hay esas dos explicaciones”.
El Cabildo invierte en proyectos de saneamiento
El Cabildo, a través del Área de Cooperación Municipal, invierte 406.370,59 euros en la redacción de proyectos y dirección de obras de cinco localidades del sur de la Isla que están incluidas en el Plan de Cooperación Municipal plurianual 2018-2021. Se trata de Arico, Candelaria, Granadilla de Abona, Güímar y San Miguel de Abona. El vicepresidente primero y consejero responsable de esta materia, Aurelio Abreu, señala que “es un paso importante para hacer frente a la ejecución de una serie de actuaciones que mejorarán la calidad de vida de muchas personas, cuyo presupuesto global asciende a 7.096.320 euros”.
Aurelio Abreu indica que “el Consejo de Gobierno insular aprobó, recientemente, todas estas acciones, que solventarán las problemáticas con las que se encuentran los ayuntamientos en materia de saneamiento. Y nosotros, desde el Cabildo, tenemos la responsabilidad de hacer nuestras estas necesidades, incluyendo en la agenda de trabajo las actuaciones necesarias”.
En este sentido, para el municipio de Arico se contratarán obras de saneamiento en la zona costera (68.270,40 euros); para Candelaria, actuaciones en la red de saneamiento de la costa y la conexión de Barranco Hondo (80.335,20 euros), y en Granadilla de Abona se incluyen actuaciones en la red interior de San Isidro y la sustitución del colector del paseo marítimo de El Médano (80.832 euros).
En las actuaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno insular se encuentran la redacción y dirección de los trabajos de la red de saneamiento y pluviales en el Barrio de La Hoya y otros puntos del municipio de Güímar (75.900 euros), y de las obras de saneamiento y depuración en el ámbito de la zona baja de San Miguel de Abona (101.032,99 euros).
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