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Caso Grúas: Una cuestión de legalidad

Las ‘discrepancias’ del caso Grúas radican en que tanto el interventor como la Audiencia Provincial se preguntan qué norma legal permite a un Ayuntamiento conceder un préstamo, frente a lo que opinan dos catedráticos contratados por Clavijo y Díaz para rebatir los reparos sin desvelar cuánto cobraron

El interventor municipal de La Laguna, Gerardo Armas Davara, a su llegada a los juzgados en la mañana de ayer. SERGIO MÉNDEZ

Es una cuestión de legalidad. De eso trata el caso Grúas, ese donde tanto el interventor municipal del Ayuntamiento de La Laguna, como la propia Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, siguen sin saber qué norma legal permite a un Ayuntamiento conceder un préstamo, y se plantea como ‘discrepancia’ el informe de los juristas Francisco Villar y Francisco Clavijo, que da la casualidad que son catedráticos de la Universidad de La Laguna, y que fueron contratados por la propia Corporación local para “contrarrestar” los reparos de legalidad interpuestos por la Intervención Municipal y “justificar” el levantamiento de los mismos por parte del entonces alcalde de la Ciudad de Los Adelantados, Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno de Canarias. Eso sí, seguimos sin saber quién contrató a los dos catedráticos en cuestión (todo apunta al hoy alcalde, José Alberto Díaz, aunque no es la primera vez que avalan criterios coincidentes a los intereses políticos de Clavijo) y, sobre todo, cuánto se pagó del dinero público a estos “expertos”.

Así, el interventor lagunero se reafirmó el lunes bajo juramento en su posición sobre la ilegalidad del préstamo que concedió el Ayuntamiento de La Laguna en 2014 por un importe de 120.000 euros a una empresa que entonces estaba controlada por unos empresarios que, en su gran mayoría, han reconocido vínculos personales con Clavijo. Básicamente, porque no ni una sola norma de las contenidas en el ordenamiento jurídico español que permita a un ayuntamiento conceder a un préstamo, eso que llama Gerardo Armas “cobertura legal” y que alguno defiende como “discrepancia de criterios”.

Para asombro de cualquier estudiante de Derecho, los juristas contratados por el Ayuntamiento para rebatir tales argumentos sostienen que se pueden aplicar por analogía los conceptos del Código Civil, ese que rige los contratos entre los ciudadanos particulares y donde prevalece el principio de autonomía de la voluntad, y donde impera la libertad, de tal modo que es lícito todo lo que no está prohibido expresamente.

Sin embargo, las administraciones públicas tienen reglas propias, que para algo se dispara con pólvora del rey, o sea, con el dinero de los impuestos cuyo pago tantos sudores cuestan a los ciudadanos de este país. Y cuando se trata de los contratos con la administración pública, lo que impera es el principio de legalidad, que para conseguirlo derramaron tanta sangre los demócratas, porque evita que los poderosos prefieran atajos en aras de sus intereses a los que siempre terminan confundiendo con los generales.

O sea, que es exactamente lo contrario: no se puede hacer nada que no esté expresamente permitido. Como no se puede prestar dinero a una concesionaria para así ocultar la catástrofe que resultó privatizar el servicio, para, años después, forzar la venta de la empresa a unos antiguos compañeros de kárate del hoy presidente canario, entre otros vínculos personales.

Desde su llegada, la empresa se convirtió en una catástrofe económica donde no solo no se pagaba a los trabajadores (vecinos de La Laguna que, por lo que se ve, no están incluidos en el “interés general” que se repite una y otra vez desde Coalición Canaria), sino tampoco a la Seguridad Social o el impuesto de Sociedades. Ni siquiera el IGIC, por no hablar de que las grúas carecían de tarjetas de transporte, sobre lo que alertó el Cabildo de Tenerife.

Todas estas cuestiones suponen, según el pliego de condiciones del contrato con el que se estableció el servicio, incumplimientos graves que conducen a la caducidad de la adjudicación. Pero también se obviaron a la hora de conceder una prórroga de la concesión, y por eso la Intervención municipal también puso reparos a la misma. Sencillamente, porque no era legal, o al menos no está conforme a la norma fundamental que impera en este tipo de contratación pública.

Basta con repasar el testimonio del interventor municipal, ofrecido el pasado lunes, para leer con claridad en la página 4 que “en cualquiera de los casos, no cabe la concesión de un préstamo”, o en la página cinco que “el servicio gestor trató de subsanarlo con la figura en vez del anticipo fuera de un préstamo, pero sin fundamento jurídico que lo amparara”.

Como en la página 6,y siempre a preguntas del nada sospechoso fiscal del caso, que “en relación a la prórroga, mantuve el reparo relativo a que la concesionaria no cumplía con las obligaciones del pliego de condiciones”.

Resta añadir que el caso Grúas versa sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, sobre los que la Audiencia provincial detectó indicios delictivos suficientes como para seguir investigando.

Díaz: “Clavijo tomó la decisión de levantar los reparos”

El actual alcalde de La Laguna y entonces concejal de Seguridad, José Alberto Díaz”, recordó ayer en Cope Canarias que “tomó la decisión [de levantar los reparos] el alcalde [Fernando Clavijo], que entendió justo criterio en función de los intereses de La Laguna” y “después de oír el criterio de los técnicos”. También negó haber “incitado a nadie”, si bien no desmintió que fue él quien invitó al interventor a reunirse con los catedráticos que contrataron para obviar sus objeciones”.