CASO GRÚAS - LA LAGUNA

El interventor municipal confirma el papel clave jugado por José Alberto Díaz en el levantamiento de los reparos

Armas declara bajo juramento que fue el hoy alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), quien propuso obviar sus objeciones al préstamo y que forzó su reunión con los expertos contratados para “justificar” los decretos de dudosa legalidad

El interventor municipal de La Laguna, Gerardo Armas Davara, a su llegada a los juzgados en la mañana de ayer. SERGIO MÉNDEZ

El interventor municipal de La Laguna, Gerardo Armas Davara, confirmó ayer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Ciudad de los Adelantados que el entonces concejal de Seguridad Ciudadana y hoy alcalde, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), desempeñó un papel fundamental en el levantamiento de los reparos que interpuso a varios decretos en los que la Audiencia Provincial ha detectado indicios delictivos.

En concreto, Armas se reafirmó en que fue Díaz quien propuso, irregularmente además, subsanar los reparos de un préstamo de 120.000 euros a la concesionaria que detentaba un grupo de empresarios afines al que fuera alcalde lagunero Fernando Clavijo, quien finalmente fue el que levantó los reparos del interventor y firmó dos de los tres decretos hoy bajo sospecha.

Además, el interventor municipal desveló un dato hasta ahora desconocido, ya que aseguró en calidad de testigo (y, por tanto, obligado a decir la verdad en todo momento) que fue en una reunión con el propio José Alberto Díaz, celebrada en el despacho del hoy alcalde, donde se le propuso reunirse con los dos catedráticos que fueron contratados por el Ayuntamiento para “contrarrestar” y “justificar” (en términos utilizados en sede judicial por el técnico municipal Antonio Vera) que se ignorasen las objeciones legales expuestas por el interventor municipal.

Armas detalló que asistió a la reunión con los dos “expertos”, los catedráticos de la Universidad de La Laguna Francisco Villar y Francisco Clavijo, pero negó rotundamente que en momento alguno les hubiera dado la razón en la controversia jurídica que les ocupaba, como así le preguntó Esteban Sola, el abogado defensor del concejal investigado y portavoz municipal de CC en La Laguna, Antonio Pérez Godiño.

Precisamente, Pérez Godiño está imputado porque firmó el tercero de los decretos sobre el que se centran las pesquisas, si bien lo hizo porque el entonces titular del área de Seguridad, José Alberto Díaz, estaba de vacaciones. Cabe recordar que la imputación de Díaz, solicitada por las acusaciones particulares impulsadas desde Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), aún no ha sido determinada por el juzgado, a buen seguro porque hasta hoy no se había recabado un testimonio tan relevante como el del propio interventor, como tampoco han sido citados ni el anterior concesionario ni el actual.

Lo que se sigue sin averiguar en estas diligencias es cuánto cobraron y quién contrató a los catedráticos para “contrarrestar” los reparos de la Intervención y “justificar” los decretos en cuestión. Armas explicó ayer que lo desconoce, dado que tal gestión no la fiscalizó la Intervención, al “tratarse de contratos menores”. Resta añadir que el de las grúas no es el único caso en que Clavijo ha recurrido a estos dos catedráticos.