Con la primavera acercándose, el ambiente social está caldeado. La frialdad de las cifras ha dejado helados a millones de pensionistas en España y centenares de miles en Canarias. Muchas de esas personas, y otras por solidaridad o por su propio interés venidero, vuelven a echarse hoy a las calles para exigir unas pensiones suficientes y que suban en función del índice de precios al consumo (IPC). Organizaciones sindicales y plataformas cívicas han convocado para este sábado un centenar de actos. El punto de encuentro en Santa Cruz de Tenerife es la plaza de Weyler, a las 11.30 horas. La cita en Las Palmas de Gran Canaria está señalada para las 11.00 en el parque de San Telmo. En Madrid habrá dos manifestaciones: una por la mañana, a las 11.00, desde la Puerta del Sol hasta el Museo Reina Sofía, promovida por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), de la que forma parte el sindicato USO, bajo el lema Blindemos las pensiones en la Constitución, y a la que se han sumado CC.OO. y UGT, y otra por la tarde, que comenzará a las 18.00 horas en Sol, seguirá hasta Cibeles y terminará en la plaza de Neptuno.
El detonante de la reacción fue el incremento del 0,25% para 2018 que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre. Es el mínimo legal, que se aplica por quinto año consecutivo. “La subida del 0,25% es una mierda”. Con este mensaje escrito a mano, UGT animó a los afectados a devolver la carta de comunicación que mandó el Gobierno. De ahí, la campaña del lazo marrón. Además de la equiparación con el IPC, el colectivo demanda que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para garantizar la financiación de la Seguridad Social. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones denuncia que las reformas del PSOE y el PP conllevan “una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones”. A su juicio, se ha hecho con el objetivo de “favorecer los planes privados”. La UGT calcula que, entre 2010 y 2017, los pensionistas españoles han perdido una media de 670 euros al año en capacidad adquisitiva. Los 8,7 millones de pensionistas que hay en el país cobran 9,5 millones de pensiones (por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), con una media de 932,3 euros mensuales. Los 313.198 de Canarias perciben una media de 856,9 euros, la tercera pensión más baja de España.
La Seguridad Social destinó en febrero a las contributivas la cantidad récord de 8.925,1 millones, el 3,05% más que en el mismo mes de 2017. Las mujeres cobran casi 300.000 pensiones más que los hombres: hay 4,5 millones de hombres pensionistas y 4,2 millones de mujeres, pese a lo cual, los pensionistas que acumulan más de una pensión son mayoritariamente mujeres. Entre los jubilados, los vizcaínos cobran de media 1.361,74 euros, en contraste con los 744,23 de los orensanos. La media nacional se sitúa en los 1.077,52 euros. En Canarias es de 1.011,5 euros.
El miércoles hubo un pleno monográfico en el Congreso, en el que Mariano Rajoy supeditó una mejora a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. “No hay motivos para sentir desasosiego por el futuro de las pensiones”, intentó tranquilizar el presidente, como quien mece la cuna para acallar los llantos. Pero la oposición gritó más alto, con reproches cruzados.
Desde 2014, las pensiones siguen el hilo de la ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones (IRP), que desvinculó el alza de la evolución de la inflación y que garantizó un mínimo del 0,25% siempre que la Seguridad Social fuera deficitaria. Previamente, las pensiones se revalorizaban según el IPC de noviembre, que era el que se utilizaba para calcular la compensación, un complemento que no se paga desde 2011. En 2019 se activará el factor de sostenibilidad, con un coeficiente reductor asociado a la esperanza de vida.
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