Prevención de la Tortura impulsó la queja contra Valle Tabares

Una visita por sorpresa de técnicos adscritos al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo al Centro para menores de Valle Tabares está en el origen del duro comunicado emitido la semana pasada por el Diputado del Común, en el que se llegan a comparar las condiciones del mismo como propias de la prisión Tenerife II.

La visita en cuestión se produjo a primeros del mes en curso, y la misma se encuadra en las habituales que realizan estos especialistas en la lucha contra la tortura en nuestro país. En esta ocasión, se produjeron entre el 28 de febrero y el 2 de marzo y, además de Valle de Tabares, los técnicos se presentaron sin avisar en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Adeje y en el Puesto de la Guardia Civil de dicho municipio, sin que haya trascendido el resultado de su inspección en ambos centros policiales.

Por el contrario, el Diputado del Común (cuyo personal acompañó a los especialistas en prevención de la tortura en la visita al centro de menores) emitió la semana pasada un durísimo comunicado en el que se anuncia la incoación de una queja de oficio ante las condiciones de Valle Tabares.

En la nota, la Oficina del Defensor del Pueblo señala, entre otras cosas, que la construcción es “un auténtico remedo de la Prisión Tenerife II, incluidas las concertinas y las celdas”, además de que “demanda reparaciones urgentes y carece de las condiciones mínimas de habitabilidad, en particular, de calefacción y aire acondicionado, por lo que teniendo en cuenta la ubicación del centro, los menores deben soportar frío extremo en invierno y mucho calor en verano”.

También se añade, en cuanto a la localización del recinto, que se encuentra “alejado de los núcleos urbanos y sin conexiones, lo que dificulta a los menores alcanzar los objetivos a los que, de conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, debe estar orientada la ejecución de la medida judicial”.

Como es procedente en este tipo de casos, el Diputado del Común se ha dirigido a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, del Gobierno de Canarias, interesando informe al respecto, dado que dicho departamento autonómico es el responsable directo de este Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CEIM).