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Saavedra pide a los partidos que lean sus informes para conocer la situación “real” de Canarias

Según el Diputado del Común, estos documentos muestran "un conocimiento exacto y objetivo de lo que se está quejando el ciudadano"
Jerónimo Saavedra. / Sergio Méndez
Jerónimo Saavedra. / Sergio Méndez
Jerónimo Saavedra. / Sergio Méndez

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha pedido a todos los partidos que están presentes en el Parlamento -y a los que no están- que lean sus informes anuales porque son la “mejor documentación posible” para elaborar sus programas electorales y para saber en qué no hay dinero o dónde no hay personal público suficiente.

Jerónimo Saavedra, que este lunes ha entregado su Informe Anual 2017 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha señalado que los partidos “no tienen que estar buscando expertos o asesores” porque en los informes del Diputado del Común se refleja la situación “real” de la sociedad canaria.

Por ello, espera que algunos partidos, a la hora de elaborar sus programas para las elecciones autonómicas y locales de 2019, se lean estos informes porque “ahí tienen un conocimiento exacto y objetivo de lo que se está quejando el ciudadano”.

En cuanto al contenido de la Memoria Anual 2017, Saavedra apuntó que en materia de dependencia hay en Canarias unos 2.000 beneficiarios más en comparación con el año 2016; sin embargo, indicó que todavía hay unas 9.000 personas que están esperando el reconocimiento del grado de dependencia o el programa individual de asistencia, por lo que considera que la lista de espera “sigue siendo alta”.

Saavedra comentó que un problema que sigue sin resolverse es la ayuda a domicilio. Recordó que se trata de una ayuda del sistema estatal de dependencia, pero criticó que a pesar de que se ha insistido en la necesidad de incorporar la ayuda que prestan muchos ayuntamientos canarios a dicho sistema y obtener la financiación que corresponde, sólo hay 40 ciudadanos canarios que están recibiendo alguna ayuda dentro del sistema nacional, cuando en los grandes municipios hay miles de personas que están percibiendo esta ayuda.

Así, espera que la Ley de Servicios Sociales, con la transferencia de competencias a favor de los cabildos, pueda resolver este asunto y permita que los ciudadanos que están recibiendo esta ayuda no sólo la reciban costeada por la Comunidad Autónoma y los municipios, sino que incorpore la ayuda que el Estado debe aportar al sistema de prestación social por dependencia en Canarias.

En materia de familia numerosa, destacó que se ha recogido las peticiones del Diputado del Común en favor de aumentar el personal que se encarga de este trámite, lo que ha permitido que seis meses de espera se haya pasado a un mes en la provincia de Las Palmas, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya se está al día.

OTRAS MATERIAS

En cuanto a la vivienda, Jerónimo Saavedra señaló que las ayudas al alquiler no son suficientes desde el punto de vista presupuestario y se quejó de que aún no se ha hecho la actualización del Plan de Vivienda de Canarias. En cualquier caso, puso en valor que el Diputado del Común ha logrado aplazar tres desahucios ante la falta de respuesta del ayuntamiento correspondiente, un hecho del que responsabilizó no sólo al cargo político, sino también al personal funcionario “porque a veces las responsabilidades se comparten por malas actitudes de un empleado público que hay que corregir y denunciar”.

Por otro lado, el Diputado del Común ha logrado que hayan sido devueltos 155.000 euros a ciudadanos que han presentado quejas por haber sido cobrados tasas, impuestos o multas de forma incorrecta. También criticó la carencia de personal del servicio del catastro en Canarias, que depende de la Administración General del Estado, de ahí que haya mantenido una entrevista en Madrid con el Defensor del Pueblo para que se requiriera al Gobierno para que se dote de más personal a estos servicios, que “tardan mucho tiempo en responder”.

Finalmente, comentó que el grado de resoluciones que ha dictado el Diputado del Común a las distintas administraciones creció el pasado año, y también la aceptación por parte de la administración aludida, que se aproxima al 90%, si bien hay administraciones que no aplican la resolución a pesar de haberla aceptado.

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