Caso Grúas

Torres: “Lo lógico es exigirle al socio (CC) que cumpla nuestro código ético”

Santiago Pérez, concejal de XTF-NC en La Laguna, denunciante del caso Grúas y del caso Reparos, lamenta que “la acusación popular esté teniendo que asumir el papel que debería jugar la Fiscalía”

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo. Canarias Ahora

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se mostró cauteloso a la hora de expresar su opinón sobre la situación legal a la que se enfrenta el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria (CC), y sus posibles consecuencias políticas. Hay que recordar que CC gobierna en Aguere en pacto con dos concejalas del PSOE, Mónica Martín y María José Castañeda, tras la expulsión del partido de otros tres ediles, por distintos motivos: Javier Abreu, Yeray Rodríguez y Zebenzui González.

Ante la orden de la Audiencia Provincial al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna de que se investigue a Díaz por el caso Grúas, Torres dejó claro a DIARIO DE AVISOS, que siempre ha tenido “mucho cuidado con la judicialización de la política”. Para el secretario general del PSC-PSOE, el código ético que motiva la dimisión de un cargo público de su partido por corrupción se produce “en el momento de la apertura de juicio oral y es de obligado cumplimiento”, aseveró.

En el caso de pactos, que es lo que ocurre en La Laguna, Ángel Víctor Torres concluyó que “no podemos obligar al socio de gobierno a dimitir, si bien lo lógico es que quien pacte con nosotros cumpla también nuestro código ético”.

Sobre la pregunta de si se había rubricado un documento en el pacto de gobierno de La Laguna entre su formación y CC que recogiese estas hipótesis de cargos públicos investigados, Torres alegó que “lo desconocía”, aunque sí recordó que fimaron un documento de este tipo en Agaete (Gran Canaria).

santiago pérez, sobre el fiscal

Por otra parte, el concejal y portavoz de XTF-NC en al Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, lamentó ayer, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que “el hueco que está dejando la Fiscalía lo está teniendo que asumir la acusación popular”, situación que consideró “bochornosa”.

Pérez aseguró que “la obligación de la Fiscalía es promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, y en este asunto a quien parece defender es a las autoridades investigadas”. De hecho, según aseveró Santiago Pérez, “el fiscal destinado al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, se ha opuesto a todos los recursos formulados por la parte querellante (XTF-NC y Unid@s se puede), incluida la petición de investigar al alcalde, ahora impuesta por la Audiencia Provincial”.

Pérez refuerza su opinión a la vista de la actuación de la Fiscalía en este proceso penal que investiga la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción (tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación) en la gestión del servicio de grúas en el ayuntamiento de La Laguna

Responsabilidad política

Sobre las posibles responsabilidades políticas que debería asumir, ante la delicada situación legal en la que se encuentra el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, el portavoz de XTF-NC en el consistorio de Aguere fue rotundo: “Una cosa es la presunción de inocencia, el hecho de ser acusado sin pruebas, y otra son las exigencias de las responsabilidades políticas que va a tener que asumir el alcalde de La Laguna”, concluyó.

La oposición en el consistorio de Aguere ya confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que en cuanto Díaz sea citado como investigado, exigirá su dimisión.