El Ejecutivo regional ha recibido otro varapalo con su intención de traer el gas a las Islas, después de que ayer se hiciera pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulando parcialmente el decreto del Gobierno autonómico que regula los criterios de adjudicación del gas propanado, por considerar que premia la mayor extensión de la red sobre las necesidades reales.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado parcialmente el recurso presentado por DISA Corporación Petrolífera, DISA Gas y Gasificadora Regional contra el decreto del Ejecutivo canario que regulaba la convocatoria pública del concurso de adjudicación del gas y establecía los criterios de valoración si concurrían varias empresas. En la sentencia, el TSJC estima que los criterios recogidos en el decreto del Gobierno “premian la mayor extensión de la red, tanto en su rapidez (tres primeros años) cuanto en su conjunto, lo que indefectiblemente da preferencia a las redes que exigen una mayor extensión y, por ello, una posibilidad de sobredimensionamiento de la red aunque no responda a necesidades reales”.
Asimismo, considera que el criterio de extensión de red “se formula de manera tan lineal que lo hace contradictorio en sí mismo, al no estar vinculado a la racionalidad, la necesidad de suministro, su rentabilidad, etc., de forma tal que un concurrente puede obtener preferencia con simplemente añadir unos metros al proyecto de un competidor sin otra justificación”.
Por otra parte, el TSJC anula el concepto de “zona de distribución” utilizado por el Gobierno regional, que la consideraba un municipio completo, mientras la normativa estatal lo establece de acuerdo a las autorizaciones concedidas. “En la normativa estatal básica, el concepto de zona de distribución no está preconfigurada o previamente definida, sino que se remite en cuanto a su determinación a las autorizaciones que respectivamente se vayan concediendo”.
Por su parte, el consejero de Economía, Industria y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, subrayó que la sentencia “no cuestiona” que el aire propanado se extienda en Canarias y admitió que la sentencia “en principio puede retrasar” el proceso de implantación del gas, aunque matizó que es “cuestión de resolver aquello con lo que se está en desacuerdo, porque lo que no cuestiona la sentencia es la esencia del asunto, que es que el aire propanado se pueda extender en Canarias de acuerdo con la ley básica de hidrocarburos”. De todos modos, indicó que actualmente los técnicos y los servicios jurídicos están valorando la sentencia para ver qué pasos dar, como, por ejemplo, si van a recurrirla.
El Grupo Socialista registró ayer mismo una solicitud de comparecencia del consejero tras conocerse la sentencia y señaló que el Gobierno de Clavijo “está actuando como un lobby a favor de la entrada del gas en Canarias, lo que le ha llevado a cometer tropelías como la de este decreto”. Mientras, el presidente del PP de las Islas, Asier Antona, expresó su respaldo al gas como fuente de energía de transición hacia las renovables, argumentando que “es bueno”, porque es “menos contaminante” que el fuel. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, afirmó que no habrá aire propanado en los hogares ni planta regasificadora en Granadilla, “porque la mayoría social no quiere”, y el Gobierno canario “no puede” por sus derrotas judiciales. “Están gafados”. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, exigió ayer responsabilidades. “El Gobierno de Canarias y las empresas que sostienen el modelo energético van de chapuza en chapuza”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas