Tribunales

La Audiencia absuelve a todos los encausados por el caso Catastro

La sentencia resalta lo endeble de las pruebas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado; las acusaciones pedían penas de cárcel para 14 personas que sumaban 224 años

La Oficina del Catastro tinerfeño se encuentra en el edificio que alberga la Delegación de Hacienda en la capital. Fran Pallero
La Oficina del Catastro tinerfeño se encuentra en el edificio que alberga la Delegación de Hacienda en la capital. Fran Pallero

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comunicó ayer a las partes una sentencia por la que se absuelve a los 14 encausados por el llamado caso Catastro, dado que, tal y como recoge el fallo, las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado carecen de la consistencia necesaria para considerar como probada la comisión de actividad delictiva alguna. Esa endeblez probatoria resulta especialmente llamativa, pues ambas acusaciones solicitaban elevadas penas de prisión e inhabilitación para los implicados, a tal punto que en alguno de los casos sumaba un total de 16 años de privación de libertad.

Sin embargo, la magistrada de la Sección Sexta ponente en este caso, Esmeralda Casado, explica en su sentencia que las acusaciones por delitos tales como prevaricación administrativa, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y organización criminal carecen de base. Además, la sentencia detalla que se han rechazado parte de los expedientes aportados, al entender que no hay garantías suficientes en la cadena de su custodia.

En los hechos que se consideran probados, relata el fallo que el entonces jefe de Informática de la Oficina del Catastro tinerfeña, “aproximadamente desde el año 2010, resolvió expedientes catastrales frecuentemente relacionados con la subsanación de discrepancias físicas y/o jurídicas de fincas, en algunos de los cuales se detectaron defectos en el procedimiento, tales como la ausencia del sello de registro de entrada previo en la Gerencia, falta de audiencia a los interesados o defectos en la forma de notificación a estos y a terceros”. También se entiende como cierto que su pareja sentimental, la jefa de Planificación Urbanística, tramitó algunos expedientes de fincas rústicas.

Pero ahí se acaban las coincidencias en el relato de las acusaciones, porque la magistrada explica que, para que tal actuación fuera constitutiva de un delito de prevaricación administrativa, “no ha quedado acreditado que, dado el puesto que ocupaban ambos acusados en el Catastro, carecieran de competencia para realizar la tramitación y modificaciones en los expedientes referidos”. Explica la magistrada, además, que circunstancias como la citada ausencia del sello de entrada “serían más bien irregularidades que tienen su cauce de resolución en la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Tras descartar una parte considerable de los expedientes aportados por las acusaciones ante la referida ausencia plena de garantías sobre su custodia, la sentencia resalta otra de las claves que explican la absolución de los encausados, por cuanto las acusaciones no aportaron al procedimiento la situación catastral anterior y posterior de las parcelas sobre las que actuaron los acusados.

Sobre la posible falsedad de documento público, la magistrada descarta tal delito de forma contundente, de tal modo que llega a decir que “se trata de una acusación que debemos calificar de difusa o indeterminada”. Primero, al recordar que, salvo los dos funcionarios encausados, la comisión de este tipo penal solo cabe como inductor o cooperador necesario del mismo. Pero, sobre todo, por la ya señalada “ausencia de material probatorio que acredite la mendacidad o falsedad de tal resolución final [de los expedientes]: por ausencia de la resolución misma”, y de la inicial “a los efectos de realizar un examen comparativo entre ambas”.

En cuanto a la infidelidad de la custodia de documentos, la sentencia vuelve a recurrir a una copiosa relación jurisprudencial para explicar que, en todo caso, estaríamos ante irregularidades administrativas, pero nunca de carácter penal.

A modo de resumen, la magistrada destaca que las acusaciones solo aportan “borradores de certificaciones catastrales” que contienen unos datos que, al tratarse de borradores, nunca serán definitivos, y que, en todo caso, no se prueba el “daño para la causa pública o para tercero y el beneficio para el receptor de la información, pues ni uno ni otro dato son proporcionados por los escritos de acusación, no pudiendo siquiera inferirse de los mismos”.

Al abordar el delito de cohecho, la sentencia utiliza frases tan tajantes como “ninguna de las premisas sobre las que se basa la acusación han resultado acreditadas” o “ninguna prueba avala” las tesis de las acusaciones. Ello, fundamentalmente, porque “no se apreció ningún signo de riqueza ni incrementos patrimoniales de los que se pudiera inferir la recepción de ingresos extras ilegales” por parte de los considerados como cabecillas de la presunta trama, así como que “tampoco existe soporte documental o prueba testifical alguna que acredite la solicitud y recepción de cantidades económicas por parte de los funcionarios o el ofrecimiento y entrega de las mismas por parte de los particulares”.

Por último, ante la acusación de la Abogacía del Estado de que existiría una organización criminal (lo que eleva considerablemente las penas de prisión solicitadas), la magistrada no solo recuerda la falta de pruebas sobre el resto de las acusaciones, sino que además aporta datos como que, por ejemplo, seis de los acusados ni siquiera conocían a los dos funcionarios encausados, por lo que difícilmente podría existir “un acuerdo entre ellos para la comisión de hechos delictivos”.

La sentencia es recurrible en casación durante los cinco días siguientes a ser comunicada.