El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha solicitado un total de diez años de prisión para el juez Salvador Alba por unos supuestos delitos de cohecho, falsedad documental y revelación de secretos.
En concreto, por el delito de cohecho, el fiscal reclama cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación; por falsedad documental pide cuatro años de cárcel y tres años de inhabilitación, y dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por un supuesto delito de revelación de secretos.
Asimismo, el escrito de la Fiscalía pide también una pena de doce años de inhabilitación especial para el cargo de Juez o Magistrado por un presunto delito de prevaricación judicial con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
La Fiscalía atribuye al magistrado una “desvirtuación” de la configuración delimitada del proceso penal instruido actuando por un “ánimo espurio” y alterando las “reglas básicas del proceso que instruía para ponerlo al servicio de un fin no confesado”.
En concreto, el fiscal entiende que este fin era “la recopilación de material ajeno al proceso que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente a Victoria Rosell en su labor como instructora del procedimiento”.
El escrito añade que para conseguir su “ilegal propósito”, Alba tuvo que realizar una pluralidad de acciones “arbitrarias e ilícitas”. “A saber –continuó–, ejerció arbitrariamente el poder que le confiere su condición de juez y garante de los derechos y libertades”.
“MERCADEÓ” CON MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ
“Mercadeó con el investigado Miguel Ángel Ramírez para obtener una documentación que acreditase una relación de prestación de servicios entre la pareja de la anterior instructora –Rosell– y alguna mercantil relacionada con Ramírez”, señala.
Finalmente, la Fiscalía ha señalado que el juez realizó “afirmaciones inveraces” en el informe fechado el 20 de abril de 2016 y que el acusado remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a instancias de ésta, para su unión a la Causa Especial incoada contra la entonces diputada por Podemos, Victoria Rosell.
El fiscal también solicita el pago de una multa superior a los 40.000 euros y una indemnización a Rosell por los perjuicios sufridos en este caso.
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