El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha anunciado la retirada de la reforma de la Seguridad Social que ha provocado las protestas que desde el martes se han cobrado al menos la vida de 20 personas, entre ellos un periodista que retransmitía en directo las manifestaciones.
“Comunicamos al pueblo nicaragüense que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ha dicho que adoptará las resoluciones. La resolución es que queda revocada la resolución anterior”, ha afirmado Ortega en un discurso retransmitido por los medios públicos nicaragüenses.
Así, se anula la resolución 1317 del INSS del martes 17 de abril para facilitar el diálogo e invitó al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
“Queremos restablecer el orden, no podemos permitir que aquí se imponga el caos y saqueos”, ha explicado Ortega, que ha hecho un llamamiento a la paz y ha destacado que “la mesa queda limpia para sentarse a tratar el tema con los empleadores y trabajadores”.
El mandatario nicaragüense ha advertido de que no habrá condiciones previas para el diálogo. “Un diálogo no se puede condicionar (…) No se me ocurre precondicionar el diálogo. Si nosotros condicionamos el diálogo a que se acuerde lo que ya se había acordado no vamos a ningún lado”, ha subrayado en referencia a las tres premisas planteadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal organización patronal nicaragüense: fin de la represión, excarcelación de los detenidos y libertad de prensa.
Ortega ha argumentado además que “no está justificada” la violencia “de todas las partes, de donde sea que venga” y ha condenado “todos los actos vandálicos”. Además, ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas mortales de la violencia.
El origen de la protesta es una reforma del INSS aprobada el pasado 16 de abril por la cual la aportación salarial de los trabajadores a la seguridad social pasará del actual 6,25 a un 7 por ciento; la de los empresarios mediante sus beneficios, de un 19 a un 22,5 por ciento; y los jubilados tendrán que empezar a contribuir con una retención en sus pensiones del 5 por ciento.
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