En trámite de legalización más de 2.000 plazas alojativas de La Palma

Tras más de tres lustros de lucha, los propietarios de la Asociación Casitas La Palma han logrado tramitar en el último año la legalización de 2.000 camas turísticas, la mitad de una oferta “alegal” durante varias décadas y que pese a muchas trabas administrativas entre Gobierno de Canarias y Cabildo palmero, encontró encaje legal dos años después de la aprobación del Decreto 113/2015 que regula las viviendas vacacionales en Canarias.

A mitad de camino para completar la regulación de sus pequeños complejos de apartamentos o casas en entornos rurales y en medianías, el presidente de la entidad, José Cuevas, estima que “los procedimientos son muy lentos porque hay falta de medios en la administración, con lo que esperar por un papel en un ayuntamiento puede prolongarse seis meses, para pasar a una segunda fase en la que otra autorización en el Cabildo puede llevar otros tres meses”. Desde la entidad, en la que se agrupan unos 350 propietarios, se estima que tanto las corporaciones locales como el Cabildo deberían reforzar sus plantillas en áreas administrativas para agilizar procesos administrativos , donde se ha convertido en habitual el mantenimiento de largas esperas que ralentizan los procedimientos de legalización.

Este colectivo de propietarios, la mayor parte de ellos en la actividad turística como complemento para sus rentas familiares, concentra un 30% de la oferta alojativa insular y se les considera imprescindibles para dar cobertura al mercado turístico nacional y europeo que la isla recibe cada año, imposible de asumir a lo largo de todo el año en los complejos hoteleros tradicionales.

En este proceso de legalización y al ámparo de la flexibilidad de los requisitos y estándares de calidad que contempla el Decreto 113/2015, “hay una oleada de intentos de incluir viviendas convencionales en el ámbito del alquier vacacional”. Asegura Cuevas que “esto también en La Palma puede llegar a suponer al cabo de unos años un problema por la sobredimensión de una oferta y que podría llegar a suponer un problema para la estabilidad de los precios y la oferta del alquiler convencional para residentes”.