Arona

La empresa que reformó el local del edificio derrumbado identifica a quienes contrataron la obra

Construcciones Lozano aporta los nombres de los directivos de Banesto que firmaron los trabajos; el desplome de Los Cristianos se cobró 7 vidas

La estructura del bloque se vino abajo el 14 de abril de 2016. Sergio Méndez
La estructura del bloque se vino abajo el 14 de abril de 2016. Sergio Méndez

Construcciones Lozano Islas Canarias S.L., la empresa que realizó la obra encargada por Banesto entre 2001 y 2002 en los bajos del edificio Julián José, en Los Cristianos, derrumbado el 14 de abril de 2016 causando la muerte de siete personas, identifica por primera vez a las dos personas de la entidad bancaria que tomaron la decisión de contratar los trabajos en la documentación remitida a la juez titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona, que ahora deberá determinar si recae alguna responsabilidad penal sobre ellas.

Si se demuestra que las obras, que incluyeron la sustitución de paredes por ventanas para habilitar espacios diáfanos, influyeron en el desplome del bloque de cinco plantas, un factor que ya se apuntaba en el primer informe pericial encargado por el Ayuntamiento de Arona, se da por seguro que se les atribuirá responsabilidad penal. En ese sentido, la aportación de la empresa constructora parece encender una luz en la causa.

En la documentación remitida a la juez, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS y entre la que se encuentra el contrato de la obra y el proyecto realizado, Construcciones Lozano especifica la relación de los trabajos que ejecutó en el local 3 del número 12 de la calle Amalia Alayón, entre ellos el “desmontaje de vidrios y carpintería metálica, el rajado del muro en el hueco del ventanal hasta 15 centímetros de suelo interior, la demolición del muro de medio pie en fachada lateral y nuevos huecos y la instalación de un vidrio de seguridad 6+6 transparente con sellado perimetral”.

El contrato, firmado por los dos representantes de Banesto (en nombre de la propiedad), y del contratista (por parte de la empresa de reformas), contemplaba un plazo de ejecución de las obras de un mes y medio a partir del 11 de febrero de 2002 y el importe total ascendía a 81.274 euros, IGIC incluido. Asimismo, en el documento, en el que también se aportan facturas, planos, fotografías y la carátula del proyecto de instalaciones de baja tensión, se especificaba un plazo de garantía de 12 meses.

Hay que recordar que la juez de instrucción había requerido a la empresa constructora y al Banco Santander (entidad que absorbió a Banesto) el pasado 16 de marzo información sobre los proyectos, licencias tramitadas, empresas contratadas y personal responsable de las obras. Con la nueva documentación aportada a la investigación, no se descarta que la juez solicite a la empresa que realizó el primer peritaje una verificación de su informe.