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La Plataforma en Defensa del Agua Pública advierte de un nuevo intento de privatización del servicio en Los Llanos

El pleno debate hoy un nuevo reglamento a propuesta del PP en el que se abre la puerta a concesiones privadas tras un proceso de potente inversión pública por parte del Consejo Insular de Aguas que ha permitido reducir las históricas pérdidas de la red, que llegaron a situarse en torno al 75%
El reglamento se debatirá hoy en un pleno que se prevé tenso. |DA

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane afronta hoy una decisión trascendental, la aprobación de una ordenanza fiscal y de un reglamento del servicio de agua potable, un asunto que vuelve a poner sobre la mesa el intento frustrado por el consistorio en el año 2013 de privatizar el servicio, y que no llegó a materializarse en esas fechas por la potente contestación de una plataforma ciudadana.

La presión social, escenificada en varias reuniones y en varios plenos, y sus entonces socios de gobierno, los socialistas, frenaron la iniciativa que ahora vuelve a caldear los ánimos del consistorio y de numerosos vecinos integrados en la denominada Plataforma Ciudadana por el Agua Pública en Los Llanos de Aridane.

Los socialistas y los concejales de Izquierda Unida en el consistorio le recordarán hoy en pleno al Partido Popular que en octubre de 2015, en los primeros meses del mandato de la reelegida alcaldesa Noelia García Leal en esta legislatura y en un gobierno en minoría, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad en pleno el denominado Pacto Social por el Agua, un acuerdo con el que Los Llanos de Aridane, que en los últimos años ha logrado disminuir sustancialmente unas escandalosas pérdidas de agua pública en la red, blindó el servicio del agua ante las normas del libre mercado y las posibles intenciones de privatización, que desde el consistorio habían defendido bajo la denominación de “proceso de externalización”.

Los responsables de la Plataforma Vecinal por el Agua Pública de Los Llanos, que aseguran haber analizado en detalle el reglamento que el grupo de Gobierno llevará hoy a pleno para su aprobación si consigue los apoyos necesarios, contradice ese acuerdo, especialmente en unos momentos en los que comienzan a verse los frutos de las potentes obras de reparación de la red para evitar pérdidas de agua que llegaron a cifrarse en torno al 75% según los propios datos oficiales. Según los datos facilitados en octubre del pasado año por el propio grupo de Gobierno, en solo seis meses el municipio logró pasar de registros de 420 metros cúbicos por hora (unas 840 pipas de agua) a los 280 que se registran en la actualidad, resultados achacables a los trabajos para evitar las fugas de caudal que se producían en la red pública de abasto de agua. Apenas tres años atrás las pérdidas de agua pública en Los Llanos de Aridane, tal y como reconocían todos los grupos políticos eran escandalosas. Se situaban oficialmente en torno al 75% en base a los datos del Consejo Insular de Aguas y del propio Ayuntamiento, lo que colocaba al municipio como uno de los más deficitarios en la prestación de este servicio de toda España, donde la media de pérdidas se sitúa en un 16% y en un contexto nacional en el que se considera como grave, traspasar la barrera del 29% en pérdidas.

Ahora aseguran desde la Plataforma Ciudadana por el Agua Pública de Los Llanos, que el reglamento que el grupo de Gobierno en minoría pretende defender en pleno, está redactado a medida y para auspiciar una futura privatización. Recuerdan los contrarios a esta medida las firmas de dos acuerdos en dos comisiones municipales para evitar la externalización de un servicio que ha mejorado sin ningún género de dudas y gracias a las potentes inyecciones económicas del Consejo Insular de Aguas en sus últimos tres presupuestos. Temen los vecinos integrados en esta plataforma, muy vinculados al sector agrario minifundista de la comarca del Valle de Aridane, que “el reglamento hace constante referencia a concesionarios, subcontratas, gestión indirecta y concesiones privadas” lo que les hace temer que “se vuelvan a anteponer los intereses particulares y empresariales al interés público”.

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