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Los empresarios aplauden el fallo del TC que “respeta la implantación de hoteles y casas rurales en suelo rústico”

Esuropal, patronal del Valle de Aridane, lamenta que la Plataforma por un Territorio Sostenible venda ideas desalentadoras para la inversión en La Palma y subrayan que la desestimación del recurso para las Islas Verdes refuerza el modelo turístico propugnado para La Palma por esta Ley especial
La gestión ssotenible del territorio pasa no solo por la protección del paisaje sino por el desarrollo económico que genere empleo. | DA

Los empresarios del suroeste de La Palma, constituidos en la asociación denominada Esuropal y promotores de una interlocución directa con ayuntamientos, Cabildo y con el Gobierno de Canarias, no entienden la lectura inquietante e interesada de la Plataforma por un Territorio Sostenible, en un intento por lo que entienden como colocar a La Palma en una posición de debilidad frente a las inversiones privadas que necesita el territorio insular y por las que lleva esperando nada menos que dos décadas.

Tal y como explicaron a DIARIO DE AVISOS en relación con el reciente fallo del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos–En Comú Podem-En Marea sobre el núcleo del articulado de la Ley de las Islas Verdews, “la decisión del Constitucional mantiene los Instrumentos de Planificación Singular Turística como elemento para la habilitación individual, proyecto a proyecto, de aquellas actuaciones que por sus características merezcan ser declaradas de interés insular por el Cabildo”.

Los empresarios del suroeste, asesorados por un equipo técnico de reputado prestigio y experto en materia de planificación insular, aseguran que “una vez examinada la sentencia rebatimos los argumentos de la Plataforma. Los proyectos singulares señalados como tales por el Cabildo respetan, como no puede ser de otra manera, los procedimientos de evaluación ambiental derivados de la normativa europea, nacional y autonómica”. Estos mismos proyectos, parte de un documento con 21 intervenciones específicas y prioritarias para el desarrollo socio económico de La Palma, “se encuentran sometidos en su tramitación a la ordenanza que ha aprobado el Cabildo al efecto en desarrollo de la Ley de las Islas Verdes”.

Las recientes aseveraciones de Santiago Pérez y los miembros de la plataforma denominada Por un Territorio Sostenible, son desmentidas por los empresarios del suroeste de La Palma, que entienden que debería ser el propio Cabildo palmero el que saliera al paso de “interpretaciones interesadas y mal intencionadas” que podrían poner en peligro el recorrido que durante los últimos tres años se ha llevado a cabo en el marco de un trabajo para contar con herramientas que ofrecen garantía urbanística y de planeamiento en una isla que sigue estando a la cola de Canarias en materia económica y cuyo desarrollo se mantiene estancado.

Desde Esuropal, señalan como “llama la atención que ninguno de los comparecientes representantes de la Plataforma realizase la mínima mención a los graves problemas de índole socio económico que padece La Palma desde hace décadas, cuyo déficit económico y social con respecto al resto del archipiélago constituye un grave obstáculo, imposible de superar si no se adoptan medidas urgentes que incentiven el crecimiento turístico, que se perfila como la única y necesaria alternativa para evitar que los históricos desequilibrios interinsulares se disparen, otra vez, hacia cotas dramáticas”.

Subrayan en declaraciones a este perióidico que la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional desestimando el intento de tumbar la Ley de las Islas Verdes, “constituye un nuevo espaldarazo a la misma, que se suma al aval legal dado por la Dirección General de Medio Ambiente del ejecutivo comunitario respecto al cumplimiento de las directivas europeas en materia ambiental”. La sentencia del Tribunal Constitucional “respeta la implantación de hoteles rurales y casas rurales en cualquier categoría de suelo rústico, lo que supone una garantía para seguir en el camino de la diversificación del tejido económico insular y la puesta en marcha de proyectos sostenibles”. Sobre el modelo de la Ley de las Islas Verdes, basado en la implantación alojativa turística en determinadas categorías de suelo rústico, la Sentencia fundamenta el rechazo a la demanda presentada en que no contiene la argumentación específica en la que se basa la pretendida inconstitucionalidad denunciada. En consecuencia, el fallo jurídico vendría a suponer “un reforzamiento del modelo turístico propugnado para la isla de El Hierro, La Gomera y La Palma por esta Ley especial”.

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