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El Cabildo ha desatascado 1.000 valoraciones de discapacidad en 18 meses

Aunque la competencia es del Gobierno de Canarias, en el último año y medio el equipo insular de Asuntos Sociales ha atendido a un millar de personas. La consejera Jovita Monterrey asegura que han reforzado la plantilla y se duplicarán los casos atendidos semanalmente.
La consejera insular de Asuntos Sociales en una reunión con familiares de ancianos. |DA

Ante un problema social una respuesta. Aunque esta premisa no se cumple, intentan alcanzar un nivel digno de respuesta desde el área de Asuntos Sociales del Cabildo palmero. Desde esta consejería insular, y sin tener competencias en las declaraciones de discapacidad en La Palma -cifradas por el propio gobierno canario en 1.152 personas- se ha conformado un equipo de valoración en el marco de un convenio de colaboración con su área homologa en el Ejecutivo canario, desatascando una situación que acumulaba más de un millar de casos. Entre las mejoras de la situación, la prioridad que se otorga a cualquier demanda de menores, personas con enfermedades graves y solicitantes de pensiones no contributivas.

Pese a que la lista de espera sigue siendo importante, con 700 personas según los datos oficiales que maneja el Cabildo y en la que se incluyen hasta 180 solicitantes que no llegaron a presentarse a la cita de valoración, la reducción durante el último año y medio, aseguran, ha sido sustancial.

La consejera de Asuntos Sociales del Cabildo, la socialista Jovita Monterrey, explicaba en declaraciones a este periódico que “en la Isla quedan 700 personas que hay que valorar, de las cuales 180 no han acudido por razones que desconocemos a la cita de la valoración”. A este dato añade que en el último año y medio, período transcurrido desde que el Gobierno de Canarias firmó el convenio de colaboración con el Cabildo palmero para lograr una mejora de la situación “se han sacado adelante 1.000 expedientes de otras tantas personas que demandaban la declaración de discapacidad”. Este hecho ha sido posible gracias al funcionamiento de un equipo especializado dependiente del área insular de Asuntos Sociales conformado por un médico, un trabajador social y un psicólogo, equipo que fue reforzado y que, asegura Monterrey, “conseguirá duplicar la media de valoraciones semanales, que ahora mismo está en una media de 17 valoraciones semanalmente”.

Al otro lado, en la lista de espera y bastante menos optimista que la consejera, se encuentra Rosa Pulido, que pese a presentar su solicitud de revisión de declaración de discapacidad por un empeoramiento de su situación física, explica que “meses después de presentar mi solicitud me pasé por el Cabildo para preguntar a qué se debía el retraso en que me citaran. La respuesta fue muy clara. Yo no figuraba aún dentro de ese grupo de personas que esperan, sencillamente porque el expediente no se había introducido aún en el sistema, no se había mecanizado”. Este testimonio, de alguien que necesita una revisión de un grado de discapacidad que obtuvo 30 años atrás y que ahora está muy alejado de sus capacidades físicas, de sus necesidades sanitarias y de sus derechos fiscales y sociales, es solo uno de los tres casos en la misma situación, que salió a la palestra a raiz de las preguntas de la portavoz del PP en los dos últimos plenos del Cabildo. La competencia, a la hora de señalar administraciones responsables, está en manos de la Consejería Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, que un año y medio atrás optó por firmar convenio de colaboración con el Cabildo de La Palma para agilizar las valoraciones especializadas a aquellas personas que necesitan una calificación de grado de discapacidad, una revisión del mismo por agravamiento o mejoría y en cumplimiento del Real Decreto 1971/1999 de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

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