La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos (que agrupa a jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios en general) negó ayer con firmeza que sean acertadas las conclusiones alcanzadas por unos técnicos contratados por el Gobierno de Canarias acerca de un colapso del tráfico en dicho barrio capitalino en el caso de que, finalmente, se construya allí la nueva Ciudad de la Justicia, en detrimento de la opción de El Sobradillo. Un portavoz de la referida plataforma calificó como “falso”, “negativo” e “innecesario” dicho informe, a cuyos autores recordó que parten de una “premisa falsa”: la futura Ciudad de la Justicia tinerfeña no supondrá la llegada de nuevos usuarios y trabajadores al barrio, sencillamente porque ya acuden diariamente a la totalidad de los juzgados santacruceros, ubicados en Cabo Llanos, aunque, por ahora, de forma dispersa. “No hace falta un estudio de movilidad como si se tratara de un uso nuevo: los juzgados ya están en Cabo Llanos. Simplemente, lo que se pretende es concentrar en una sede lo que ahora está disperso en cinco”, recordaba ayer la plataforma.
Para los partidarios de Cabo Llanos, la práctica totalidad de los profesionales de la Administración de Justicia, el informe, como se ha dicho, “parte de una premisa falsa: considera que los 3.000 usuarios y los 900 funcionarios no están ya en Cabo Llanos y que van a llegar por primera vez a la nueva Ciudad de la Justicia. Se omite o desconoce que todos los juzgados están ya en Cabo Llanos. No hay nuevos usos ni ‘nuevos desplazamientos atraídos”. Pero hay más. Las críticas al informe elaborado por una empresa contratada por el Gobierno regional llegan al punto de considerar “cuestionable la metodología empleada y el rigor de sus afirmaciones”.
Para justificar sus palabras, la plataforma pone un ejemplo: “El informe afirma que se producen 14 desplazamientos de vehículos policiales en hora punta (de 8.00 a 9.00 de la mañana), pero la realidad es que nunca a esa hora llegan más de tres. Igualmente exagerada es la cifra de 110 desplazamientos diarios que contempla para traslado de detenidos, presos y penados. Bastaría haber preguntado al servicio de conducciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil”, apostillan los que abogan por que la Ciudad de la Justicia acabe en Cabo Llanos.
Conciliadores
Sin embargo, a pesar de la demoledora crítica efectuada al informe desvelado ayer desde el Gobierno de Canarias, lo cierto es que la Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos mantiene su actitud dialogante con el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. “La Consejería de Justicia [a cuyo frente se encuentra José Miguel Barragán] ha dado pasos importantes en la dirección correcta durante el último año al abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos y conseguir la titularidad de las parcelas existentes en la zona próxima al Tanque [el espacio cultural] a fin de ubicar allí el centro educativo, despejando los problemas que afectaban a la zona en que se pretende ubicar la Ciudad de la Justicia. Confiamos en que este informe no sirva de excusa o pretexto para retomar la ubicación de El Sobradillo ni para demorar la solución del problema de ubicación de las dependencias judiciales en Santa Cruz de Tenerife”, apuntan los afectados aludidos.
En cuanto a la otra opción, la de un solar existente en El Sobradillo que gozó inicialmente de las simpatías del Ayuntamiento capitalino, la plataforma quiere recordar que “cuando se tomó la decisión de situar en El Sobradillo la Ciudad de la Justicia -luego reconsiderada-, no se solicitó por parte de la Consejería ni del Ayuntamiento ningún informe de movilidad, y ello a pesar de que en ese caso sí se trataba de un nuevo uso para una zona que no alberga dependencias administrativas, no como sucede con Cabo Llanos, donde, como es notorio, están ya todos los juzgados. Tuvo que ser la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias (continúa la plataforma) la que se interesara por el informe de movilidad de El Sobradillo, que fue emitido por el Cabildo de Tenerife hace un año”.
De dicho informe, y por contraste con el presentado ayer, cabe destacar que ni existe un estudio de la afección que a la fluidez del tráfico produciría la puesta en funcionamiento del Campus de Justicia en El Sobradillo, ni se ha llevado a cabo una encuesta de movilidad específica a aquellas personas que acceden a las diferentes dependencias judiciales. El Cabildo certificó en su día que “se deben realizar mejoras al enlace de El Sobradillo en la TF-2, ya que se considera que el mismo en su actual configuración no podrá absorber los tráficos con que se vería demandado”, así como que es necesario “que llegue hasta la zona la línea 2 del tranvía y nuevos servicios y frecuencias de autobuses”. Todo ello, un año después, ni se ha realizado ni se espera que se haga en breve.
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