El Cabildo palmero podrá ver materializado el objetivo de reducir sustancialmente la cifra de parados en la Isla, si cumple con lo pactado en materia de inserción en el marco de la Ley Estatal de Contratos. Una reserva del 0,5 por ciento del presupuesto para licitar contratos desde la administración insular, deben este año estar destinado a las empresas de inserción social, lo que tendría un impacto directo en la cobertura sociolaboral a personas y familias en una situación compleja, pero con una oportunidad para normalizar sus vidas.
Isonorte es la única empresa de inserción de este tipo que existe en La Palma de las diez que existen en Canarias y de las 200 que hay en toda España. El gerente de la entidad, Eduardo Calderon, lleva ocho años recorriendo pasillos, buscando la interlocución directa con los políticos al frente de las diferentes consejerías. Ese esfuerzo ha valido la pena. El Cabildo terminó incorporando una “instrucción general” que ahora debe ejecutar, en la que decidieron reservar un 0,5 del Presupuesto a la contratación de centros especiales de empleo, como La Destiladera, y de empresas de inserción, como Isonorte. Lo cierto es que ese paso, que fue solicitado por Calderón en un trabajo silencioso, fue escuchado y defendido en el seno del grupo de Gobierno por uno de los responsables políticos -desde un tímido segundo plano- y pese a todo decisivo para garantizar la contratación.
En el terreno de la exclusión
Mujeres y hombres en riesgo de exclusión social por situación de pobreza, otros que han cumplido una condena de cárcel en la Isla y que deben reincoporarse a la vida laboral con ayuda, y personas dispuestas a recuperarse del consumo de sustancias tóxicas, además de mujeres que por una situación de maltrato necesitan obtener formación para normalizar sus vidas tras un período traumático. Este es el terreno social de contratación, pero como en todo proceso en el que se suma ley y ejecución, y en virtud de la voluntad política, existe el miedo al incumplimiento. De momento se ha llegado al ecuador del año 2018 y aún no se ha licitado ningún contrato con cargo a ese 0,5% de unos presupuestos que el propio Cabildo, gobernado por nacionalistas y socialistas, ha calificado de “expansivos”.
Dice Calderón que “esta es la oportunidad para que toda esa colaboración que quieren prestar y que nos han prestado, pueda ahora cumplirse en consonancia con lo que establece la Ley y está recogido en esa instrucción general del Cabildo”. Trabajador social y gestor, y recientemente nombrado presidente de la Plataforma palmera de Atención a la Discapacidad (Indispal), Calderon reconoce que “hay temor de que esto no se lleve a efecto este año”. Solo el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, y por iniciativa de su alcaldesa, la popular Noelia García Leal, ha sido la única institución pública de La Palma que, en fase voluntaria para cumplir con esta disposición de contratos a empresas protegidas en la Ley Estatal de Contratos, sacó a licitación la contratación de un servicio de limpieza de colegios por valor de 100.000 euros, lo que ha permitido cubrir un servicio municipal y al mismo tiempo dar cobertura laboral a cinco familias en situación de exclusión social.
ASUNTO ESTRATÉGICO
Que el Cabildo palmero cumpla su palabra y lo recogido con carácter oficial en la documentación, es para Eduardo Calderón “una cuestión estratégica”. “Esta es una oportunidad, diría más, la oportunidad, para demostrar que vamos más allá de la mera colaboración y se cumple con lo recogido en una normativa estatal adaptada a lo que el propio Cabildo ha dedidido”. Reconoce que “llevo años batallando con este asunto que es de vital importancia”. Estas palabras cobran aún mayor significado si se tiene en cuenta que Isonorte, en los últimos 5 años, ha contratado, formado y preparado para una vida normalizada en el marco de los proyectos que tiene en marcha, a nada menos que a 65 personas. Tres puntos de venta de ropa usada cuyo precio es de un euro, una granja de gallinas para la producción de huevos ecológicos, la recogida de ropa y la limpieza de colegios e instalaciones públicas y privadas, además de la recogida de muebles usados, todo ello con gran demanda entre la población palmera, es parte del trabajo diario del personal contratado y necesitado de una respuesta social. La Fundación Isonorte es una organización no gubernamental para la formación integral, promoción Socio-Laboral y cooperación para el desarrollo. Su creación en La Palma tiene como origen la evidencia de que no existián servicios sociales especializados para personas con discapacidad en la comarca norte, pero también por la total ausencia de iniciativas comarcales de formación y empleo para personas en exclusión social.
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