Fue una de las principales novedades de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales: la regulación de las colonias de gatos de la ciudad. Sin embargo, un año después no solo no se ha conseguido el objetivo de hacer un censo de felinos y de sus cuidadores, sino que el enfrentamiento entre Ayuntamiento y plataformas defensoras de los animales ha ido en aumento. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, su responsable, Carlos Correa, anuncia que por fin se ha adjudicado el contrato para la esterilización de los gatos y la colocación del chip a la Clínica Veterinaria Anaga, con una partida presupuestaria de 25.000 euros. Además, en el futuro convenio que se firme con Valle Colino, en fase de redacción, “se ha introducido la opción de que también en este lugar se lleve a cabo la esterilización y chipeo de los gatos”, según avanza Correa.
“Ya tenemos adjudicado el veterinario para hacer las esterilizaciones. A partir de ahora, y tal y como nos comprometimos en su momento, las protectoras deberán presentar -aunque ellas podían haberlo hecho sin esperar a esto- las solicitudes para la gestión de las colonias”. Según Correa, “los técnicos analizarán cada una de las solicitudes y, en función de eso, una vez autorizadas podrán ir a esta clínica veterinaria para hacer la correspondiente esterilización y marcaje de las colonias de gatos”.
El concejal explicó que hasta ahora no se han registrado más colonias (solo hay una autorizada) porque las plataformas y protectoras alegan que el Ayuntamiento podría hacer mal uso de esos datos para destruirlas, “algo totalmente infundado”. Correa asegura que esta desconfianza es la que ha retrasado el proceso de regularización de las colonias de gatos en la ciudad y que por ello también se ha visto obligado a reducir el presupuesto inicial. “El año pasado teníamos 40.000 euros, pero como no se presentaron las solicitudes en su momento, no se pudo ejecutar, así que este año disponemos de 25.000 euros, pero a la vista de cómo se han desarrollado las cosas, la realidad es que no depende de la cantidad de dinero que pongamos, sino de la voluntad de las protectoras para regularizar”.
Defensores
Frente a esta versión del Ayuntamiento está la de las protectoras de animales y la de la Plataforma Ciudadana Activismo Animal. Este colectivo es uno de los más implicados en la defensa de los gatos callejeros, que, aseguran, superan en mucho las cifras dadas por el Ayuntamiento. Según su propia experiencia y dado que nunca se ha hecho ninguna campaña de de esterilización en el municipio, se podría estar hablando de unas 500 colonias, o lo que es lo mismo, de miles de gatos. La plataforma hace referencia a lugares como Taco, El Sobradillo, Ofra, La Alegría… Advierten de que están naciendo una gran cantidad de gatitos, muy superior a los que recogen semanalmente, unos 40. “No damos abasto”, dicen, a lo que se suma que, con la llegada del verano, la gente abandona más.
Los activistas aseguran que el Ayuntamiento y Carlos Correa en particular no han puesto facilidades para la regularización de las colonias. “Llevamos un año batallando para que, al final, los técnicos solo autoricen una de las 10 colonias que se dieron de alta”. La plataforma señala que si solo se esterilizan los gatos legalizados, eso 25.000 euros se volverán a perder. “Solo hay que hacer cuentas. Si chipear y esterilizar, según el Ayuntamiento, cuesta unos 54 euros por gato, se gastarían poco más de 1.000 euros, porque solo hay una colonia autorizada”, explican.
Sanciones
A esto hay que añadir que, desde que entró en vigor la ordenanza, se ha empezado a multar a las personas que dan de comer a los gatos. “Empezaron a llegar las sanciones a las personas que les dan de comer, tenemos las actas, todo eso generó muy mal rollo”, admite la plataforma. Para los activistas, estos contratiempos justifican su desconfianza. “Le dijimos al concejal que primero pusiera la partida, contratara a los veterinarios y entonces, en ese momento, declaramos la colonia y el número de gatos”, explican. “Lo que nos piden -continúan- es que demos de alta una colonia cuyo plazo de legalización, según la propia ordenanza, está cerrado, y sin saber si la autorizan o no”. El resultado de este enfrentamiento es que piden la derogación de la ordenanza, que, por otra parte, dicen, deberá ser revisada cuando se apruebe la ley canaria de protección animal.
“Se nos acaban las fuerzas, el dinero y los medios para poder ayudar a tantos animales, y lo peor es que además tenemos que escondernos de vecinos y Policía como si fuéramos ladrones o malhechores para no ser denunciados, multados y amonestados, como ya nos está pasando”, concluyen.
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