Ascanio: “La privatización de las grúas se hizo para contratar a afines a Fernando Clavijo”

Por Moisés Grillo / Agencias

Los denunciantes del caso Grúas, los grupos municipales del Ayuntamiento de La Laguna Unid@s Se Puede y XTF-Nueva Canarias (XTF-NC), comparecieron ayer en rueda de prensa para dar cuenta de su punto de vista sobre la solicitud de la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de que cite como investigado (antes imputado) a Fernando Clavijo (CC), presidente del Gobierno de Canarias. El portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, aseguró que “la privatización del servicio de grúas (se llevó a cabo en octubre de 2003) se hizo para contratar a afines al entonces alcalde y ahora presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo”. Ascanio, que estuvo acompañado por el portavoz de XTF-NC en el Consistorio lagunero, Santiago Pérez, remarcó que la decisión de la magistrada del juzgado lagunero “es un paso más en la dirección que indicamos hace ya unos meses, cuando dijimos que antes de acabar el verano se haría efectiva la imputación de Fernando Clavijo, que se suma a la del alcalde actual, José Alberto Díaz (CC), otrora concejal de Seguridad, y la del portavoz local de CC, Antonio Pérez Godiño”.

“Director de orquesta”

Por su parte, Santiago Pérez destacó que, a su juicio, Fernando Clavijo fue el “director de orquesta” del caso, ya que utilizó el poder del Ayuntamiento para “proteger los intereses particulares de sus amigos y de Coalición Canaria (CC)”. “Cuando Clavijo le concede ese préstamo a la empresa de grúas no es solo que esté al margen de la legalidad o que no se exigiesen garantías. Es que la legislación no permite realizar esos préstamos, porque son ilegales, y así lo dijo el interventor”, aseveró Pérez, quien apostilló que una autoridad pública no puede manejar el dinero como si fuese un propietario particular y que, además, debe actuar bajo principios de legalidad. Santiago Pérez también comentó que la contabilidad de la empresa no reflejaba la situación financiera real y que, antes de ser rescatada por el Ayuntamiento, esta debería haber convocado un concurso de acreedores, su contrato debería haber sido resuelto y tendría que haberse convocado un nuevo concurso.
“En vez de eso, se le adjudicó el servicio al empresario que compró la deuda de la empresa y, al margen de la ley, se le otorgó el contrato hasta 2029, en vez de 2019, por valor de 10 millones de euros. Esto es lo que marca la forma de actuar de Fernando Clavijo”, remarcó el edil del XTF-NC.

Presiones del gobierno

Con respecto a la imparcialidad del proceso judicial, Pérez se mostró muy contundente al asegurar que “el Gobierno de Canarias intentará, subterráneamente, desarrollar todo tipo de presiones para condicionar la imparcialidad del tribunal”. El edil de XTF-NC aseguró que “a lo largo de todo este tiempo que ha durado el proceso, ha sido un latiguillo común en las esferas cercanas a Presidencia del Gobierno que no se preocupen, que cuando esto llegue, si llega al alto tribunal, le darán carpetazo.”

Ambos portavoces anunciaron que solicitarán en el próximo pleno municipal la revocación del dictamen de la comisión de estudio del caso Grúas llevada a cabo en el Consistorio, porque se hacen aseveraciones “mentirosas”, además de que fue votado a favor por dos personas, José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño, que ya estaban imputadas y que, según Santiago Pérez, debían haberse abstenido, tal y como les sugirió la secretaria general del Pleno.

Sin el voto afirmativo de Díaz y Godiño, al igual que los apoyos del PP, el dictamen no habría salido adelante, dijo Pérez, quien resaltó que con su revocación buscan limpiar la imagen del Ayuntamiento de La Laguna, preservar su credibilidad e impedir que “quede esa decisión en los anales del Consistorio”.

Comparecencia

El presidente del Gobierno de Canarias quiere “dar explicaciones cuanto antes” en el pleno del Parlamento regional sobre su participación en el denominado caso Grúas, después de que la jueza instructora haya elevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que decida si lo investiga como aforado por indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Fernando Clavijo ha querido hacer ver que se iba a adelantar a las peticiones de comparecencia que pudiera pedir la oposición, aunque Podemos ya había solicitado que el presidente compareciera ante el pleno de la Cámara, el pasado 7 de agosto. A pesar de ese intento, Clavijo insistió en que quiere “dar la cara” para explicar el expediente administrativo en el que participó “no como presidente, sino como alcalde”, subrayaron fuentes de la Presidencia del Gobierno de Canarias a EFE.
Clavijo ha defendido en los últimos días que actuó en defensa del interés general, aunque la fiscalía y la jueza instructora han elevado el caso al TSJC por la posible ilegalidad en la concesión de un préstamo sin garantías y sin plazo de devolución a la empresa concesionaria de grúas, con la oposición de la Intervención general del Ayuntamiento lagunero.

Precampaña electoral

El caso Grúas marcará el último curso político previo a las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2019, al ser Fernando Clavijo el candidato a la Presidencia por Coalición Canaria. Es cierto que en su currículum obra ya un antecedente en 2015, cuando fue desimputado in extremis en el caso Corredor, siendo también el candidato por CC a la Presidencia regional.

Con todo, nada rebaja la importancia de la decisión adoptada por el fiscal, en primera instancia, y ahora por la jueza del caso, Celia Blanco, de trasladar la imputación de Clavijo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el hecho de estar aforado. El presidente ha solicitado comparecer ante el pleno del Parlamento de Canarias para dar las explicaciones pertinentes sobre su gestión de este servicio municipal en su etapa de alcalde, tal y como ya había solicitado Podemos. Aun así, el partido liderado por Noemí Santana en Canarias ha anunciado ya en repetidas ocasiones que desde que el TSJC impute a Clavijo, presentarán una moción de censura. Mientras, el PSOE de Ángel Víctor Torres ha anunciado en los últimos días que “no descartan nada”. Con este paso en el proceso judicial, se le presenta al actual presidente del Gobierno de Canarias y candidato a la reelección de CC un último curso político previo a las elecciones tremendamente complicado, tras un año largo de recorrido judicial del caso, con altibajos (primero fue archivado, y más tarde reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife), en lo que sin duda constituye el escándalo político más sobresaliente de este mandato en el Ayuntamiento de La Laguna, uno de los principales bastiones nacionalistas en la Isla.

A pesar de que Clavijo ha restado importancia en los últimos meses al hecho de que pueda ser imputado y que su partido lo arrope a riesgo de tener a un candidato investigado, como ya ocurrió en 2015 con el caso Corredor, nadie duda de que la precampaña electoral va a estar presidida en Canarias por la circunstancia procesal que acompaña al presidente, de ahí la celeridad con la que la formación nacionalista quiere “dar carpetazo” a este caso, para así poder llegar “limpios” a las elecciones, en la que las encuestas no auguran muy buenos resultados para la fuerza política que ha gobernado Canarias en los últimos 25 años.