El reciente desembarco de 40 inmigrantes de una patera en una playa de Cádiz, que nada más tocar tierra huyen por un pequeño montículo ante la atónita mirada de los bañistas, ha recordado otra imagen en el sur de Tenerife que dio la vuelta al mundo el 30 de julio de 2006, cuando un cayuco con 88 subsaharianos alcanzó la orilla de La Tejita, en la costa de Granadilla de Abona, colmada de veraneantes. Pero, a diferencia de lo ocurrido en el litoral gaditano, a aquellos chicos no les quedaba un ápice de fuerza para huir y se desplomaron sobre la arena después de una infernal travesía de varios días desde Mauritania.
La reacción de los bañistas socorriendo con todo lo que tenían a mano a los exhaustos ocupantes de la barcaza entre sombrillas y colchonetas fue la fotografía más nítida de la solidaridad, pero también de la impotencia para contener un drama descomunal que durante la llamada crisis de los cayucos, en 2006, desbordó a las administraciones. El fenómeno sobrepasó al Gobierno español y a la Comisión Europea. Canarias, la ruta elegida por las mafias ante el blindaje del Estrecho, lo sufrió en propias carnes. Ahora, más de dos lustros después, preocupa que la vía atlántica se reactive ante la concentración de medios en el Mediterráneo. El primero en avisar ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras un reciente viaje a Mauritania.
31.787 personas arribaron a las costas del Archipiélago en 2006 desde el continente africano, según los datos del Ministerio del Interior. Las pateras de media docena de metros dieron paso a los cayucos sobrecargados de hasta 25 y 30 metros, que pusieron de manifiesto la ausencia de una respuesta coordinada de Madrid y Bruselas acorde con la dimensión del problema. Mientras los servicios de salvamento, los equipos humanitarios de emergencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentaban cubrir a duras penas todos los flancos posibles a pie de puerto, en playas y en alta mar, las administraciones trataban sin demasiado éxito de parchear la urgencia mientras evaluaban medidas que apuntalaran una solución a medio plazo en los países de donde zarpaban las barcazas.
Canarias se sintió sola. El presidente del Gobierno, Adán Martín, calificó la situación de “insostenible” y reclamó el “estado de emergencia” y la creación de un gabinete nacional de crisis. En un fin de semana alcanzaron las costas de las Islas 1.670 inmigrantes, una cifra récord, lo que llevó el 21 de mayo de ese año al Parlamento de Canarias a pedir al Estado la implicación de la Armada en las tareas de control, así como la creación de un fondo de emergencia de la Unión Europea para hacer frente a “crisis humanitarias derivadas de las avalanchas inmigratorias”. Al día siguiente, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, viajó a Bruselas en busca de ayuda. En esas fechas, el Consejo de Ministros aprobaba el Plan África, con el que se reforzaban los lazos con los países subsaharianos a través de la apertura de nuevas embajadas y la intensificación de negociaciones para frenar el radio de acción de las mafias.
En agosto, las autoridades comunitarias reaccionaron y activaron la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), un sistema de control que operó inicialmente frente a las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde, aunque los escasos medios disponibles no desanimaron a las mafias, que empleaban barcazas cada vez más grandes. La mayor se interceptó a 50 millas del puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife. Cuando la nave de Salvamento Marítimo llegó a su encuentro, los miembros de la tripulación no daban crédito a lo que tenían frente a sus ojos: un cayuco gigantesco con 230 subsaharianos a bordo. Habían embarcado en Gambia.
El fin del verano trajo otro parche: un plan de reinserción para repatriados en sus lugares de origen pactado entre el comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, y el Gobierno español, por el que Bruselas aportaría inicialmente 3,6 millones de euros.
Mientras en octubre de 2006 la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) situaba a la inmigración irregular en el primer puesto del ranking de preocupaciones de los españoles, a Canarias le explotaba otra bomba en sus manos: la atención a los menores de edad, que al igual que las embarazadas, estaban protegidos por ley y no podían ser repatriados. Ese año llegaron a las costas canarias 756 niños y adolescentes, aunque el número se fue incrementando en los años sucesivos hasta alcanzar, en septiembre de 2009, la cifra de 1.404 tutelados en el territorio insular. Después de una visita del comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, en junio de 2009, al dispositivo de emergencias para la atención de menores extranjeros en Agüímes (Gran Canaria), la saturación de los centros canarios se incluyó en el orden del día de la Cumbre de Estocolmo, de la que saldría el compromiso de un plan de actuación. El SOS lanzado desde Canarias tardó en encontrar eco en las comunidades autónomas, hasta que diferentes organizaciones humanitarias se hicieron cargo de grupos de adolescentes en distintos puntos del país, evitando un perjuicio de sus garantías asistenciales.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Fratini, admitió en mayo de 2007 que los medios de Frontex, que había puesto en marcha el denominado operativo Hera para frenar la salida de embarcaciones desde África, resultaban a todas luces insuficientes y reclamó una mayor implicación de los Estados europeos. La presidenta de la comisión del Consejo de Europa, Corien Jonker, pidió entonces “articular respuestas globales”.
más de 1.300 muertos
La Media Luna Roja calificó de catástrofe humanitaria la vía atlántica de la inmigración y por primera vez apuntó un dato estimado de ahogados que proyectaba al mundo la dimensión del cataclismo: entre octubre de 2005 y marzo de 2006 más de 1.300 personas habrían perdido la vida en el pasillo oceánico que separa Mauritania de Canarias.
El Gobierno español desplegó todos sus recursos. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinó fondos reservados para frenar la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias en 2006 y 2007, durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero (era delegado del Gobierno en Canarias José Segura Clavell), revelaba el pasado 14 de julio el periódico El País. El CNI decidió actuar en origen ante la situación “insostenible” en las Islas, pagando para ello a los dueños de los cayucos para que dejaran de transportar inmigrantes desde Mauritania y Senegal, principales puntos de partida. Otras fuentes reconocieron al citado rotativo una operación para interrumpir suministros de repuestos a las redes, sobre todo de motores para los cayucos. En ese sentido, y según pudo confirmar DIARIO DE AVISOS, un canario era el responsable de la venta de los motores en Saint Louis (Senegal), uno de los puertos clave.
Estas medidas, unidas a inversiones estatales en diferentes países subsaharianos junto a la labor de Frontex (y la evidente contribución de los radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE, que opera en las Islas), trajo como consecuencia un menor flujo de embarcaciones. En 2007 llegaron 12.478 inmigrantes y un año más tarde la cifra se redujo por debajo de las 2.000 personas. Ahora, más de un decenio después, Canarias vuelve a clavar sus ojos en la costa occidental africana, donde las mafias que trafican con seres humanos contemplan reabrir la ruta atlántica si se blinda el Estrecho.
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