Por A.M.S.
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Demetrio Pintado deberá pronunciarse en los próximos días sobre la posible imputación del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), en el denominado caso Grúas. Tras el informe realizado por el fiscal del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna Santiago Sánchez, que aprecia indicios delictivos en el exalcalde y actual presidente, concretamente los de prevaricación y malversación, la jueza Celia Blanco, del mismo juzgado, remitirá previsiblemente toda la instrucción al TSJC, para que decida el futuro judicial de Clavijo, que, por segunda vez en su carrera, se enfrenta a la posibilidad de ser un candidato imputado en unas elecciones.
Dada la condición de aforado de Clavijo, debe ser el TSJC el que determine si debe finalmente ser investigado (antes, imputado), tras la reapertura del caso, en octubre pasado, por orden de la Audiencia Provincial, que estimó los recursos presentados contra el archivo de la causa por los grupos denunciantes Unid@s se puede y XTF-Nueva Canarias, y exigió a la titular del Juzgado Número 2 de La Laguna que practicara las oportunas diligencias de investigación. Así ha hecho en estos nueve meses, en los que han desfilado por dicho juzgado varios de los principales testigos y cargos públicos implicados en el caso. A resultas de ello, la jueza decidió imputar al actual alcalde, José Alberto Díaz, y al concejal Antonio Pérez Godiño, ambos de CC, y reclamó, hasta en tres ocasiones, al fiscal el informe pertinente antes de remitir el caso al TSJC, tal como ahora se ha producido, según confirmó ayer DIARIO DE AVISOS en fuentes seguras.
En su informe, el fiscal advierte indicios de responsabilidad delictiva por parte de Clavijo en este caso del que viene informando DIARIO DE AVISOS desde finales de 2016 y que la oposición municipal en La Laguna (los dos grupos citados) llevó a los tribunales en abril de 2017. El fiscal aprecia prevaricación y malversación en la concesión de un préstamo y en la prórroga del servicio a la empresa Autogrúas Poli por parte del Ayuntamiento de La Laguna en 2014.
Una vez que la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna decida esta semana remitir todo el caso al alto tribunal, como cabe esperar tras tener en su poder el informe solicitado al fiscal Santiago Sánchez, será el fiscal del TSJC Demetrio Pintado el que evacúe el informe preceptivo sobre la naturaleza de los cargos que se atribuyen a Clavijo, a fin de que la Sala de lo Penal decida su imputación o sobreseimiento. Los magistrados Margarita Varona, Carla Bellini y Antonio Doreste serán los que tengan la última palabra, algo que en condiciones normales no debería llevarles más de una semana, según estimaciones de fuentes bien informadas. Cabe, no obstante, tener en cuenta los turnos vacacionales de algunos o todos los miembros de la Sala, para saber si la resolución final se demora como mínimo un mes. Clavijo se ve, así, por segunda vez en su carrera política, en la tesitura de concurrir a unas elecciones con el estigma de ser un candidato imputado. En la anterior ocasión, pudo sortear con éxito dicho contratiempo tras ser archivadas, en abril de 2015, las acusaciones contra él en el denominado caso Corredor.
El caso Grúas se ha convertido en su pesadilla durante esta primera legislatura como presidente del Gobierno, si bien tuvo un respiro de tres meses en los que el asunto permaneció archivado al no advertir ni el fiscal ni la jueza de La Laguna responsabilidades penales en el mismo. Sin embargo, desde octubre de 2017, en que la Audiencia Provincial, en auto firmado por los magistrados Joaquín Astor Landete (presidente), Jaime Requena Juliani y Esther García Afonso, exigieron la reapertura de las diligencias, lo cierto es que no han cesado de encadenarse las malas noticias para CC y el presidente.
El TSJC recibirá ahora por segunda vez el caso Grúas, tras exigir a la jueza de La Laguna, en diciembre de 2017, a instancias del Ministerio Fiscal, que detallara en una nueva exposición razonada los indicios concretos que pudiera observar en la conducta del exalcalde y actual presidente, Fernando Clavijo, en la gestión del servicio municipal de grúas del Consistorio lagunero. De ello se desprende que en esta segunda oportunidad la jueza Celia Blanco argumente de modo exhaustivo los presuntos delitos sobre los que debe responder Clavijo. A partir de ese momento, el TSJC, si no opta por dar un carpetazo al asunto, podrá asumir el caso en su totalidad, admitiendo la necesidad de investigar al presidente, o, en su caso, devolver la instrucción al juzgado lagunero para que continúe la misma respecto a los restantes imputados.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas