El Gobierno de Canarias ha emitido un criterio desfavorable sobre la proposición de ley presentada por el PSOE para modificar la regulación del uso residencial de viviendas situadas en zonas turísticas. La iniciativa socialista busca dar una salida a la situación de propietarios que utilizan estos inmuebles como residencia habitual o segunda residencia.
El Parlamento de Canarias registra que el Ejecutivo remitió el pasado 30 de septiembre su criterio sobre la proposición de ley, que plantea cambios en la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y en la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
El PSOE sostiene que la reforma permitiría compatibilizar los usos residencial y turístico allí donde lo permita el planeamiento municipal y establecer un régimen transitorio para los expedientes sancionadores abiertos a propietarios que residen en complejos turísticos.
El PSOE habla de 70.000 personas afectadas
El diputado socialista Gustavo Santana ha acusado al Ejecutivo autonómico, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, de “dar la espalda” a unas 70.000 personas afectadas, cifra atribuida por el PSOE y la Plataforma de Afectados por la Ley Turística.
Santana ha reclamado al consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, que se pronuncie sobre el criterio contrario del Gobierno y que no se ponga “de perfil” ante un problema que, según los socialistas, afecta directamente a miles de familias.
“Las familias afectadas necesitan soluciones, no silencios ni compromisos incumplidos”, ha señalado el diputado, que también reclama a Rodríguez que explique públicamente si respalda la proposición socialista.
El PSOE asegura que la iniciativa fue trabajada con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y que pretende reducir la inseguridad jurídica existente entre residentes de viviendas ubicadas en zonas turísticas.
Qué propone la iniciativa socialista
La proposición de ley plantea redefinir los conceptos de establecimiento turístico y unidad alojativa y reconocer la posible convivencia entre el uso turístico y residencial cuando así lo permita el planeamiento municipal.
También contempla un régimen transitorio destinado, según el PSOE, a resolver los expedientes sancionadores que afectan a propietarios que utilizan estos inmuebles como residencia habitual o segunda residencia.
Los socialistas rechazan que esta modificación implique una liberalización general de los usos del suelo y sostienen que su objetivo es dar respuesta a una situación que ha derivado en cientos de procedimientos sancionadores.
La iniciativa fue registrada en el Parlamento el 14 de julio de 2026 y admitida a trámite por la Mesa el 23 de julio. El Gobierno remitió su criterio el 30 de septiembre.
Santana reclama a Pablo Rodríguez que “dé la cara”
Gustavo Santana ha centrado buena parte de sus críticas en Pablo Rodríguez, al que reprocha no haberse pronunciado con claridad sobre la propuesta.
Según el diputado socialista, el consejero se comprometió durante la campaña electoral de 2023 con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística a impulsar cambios normativos para abordar este problema.
Santana también asegura que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda no realizó aportaciones al debate interno del Gobierno sobre la proposición de ley, pese a tener competencias vinculadas a la vivienda.
El diputado considera “difícil de entender” esa posición y sostiene que el departamento que dirige Rodríguez debería desempeñar un papel activo ante una cuestión que, a juicio del PSOE, tiene también una dimensión habitacional.
El PSOE cuestiona la alternativa del Gobierno
Los socialistas critican además la vía planteada por la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jéssica de León, y sostienen que la alternativa normativa impulsada por el Ejecutivo no ha sido consensuada con las personas afectadas.
La regulación vigente sobre el uso turístico de viviendas establece, entre otros aspectos, condiciones vinculadas al planeamiento urbanístico y mantiene determinados plazos transitorios para viviendas que ya ejercían actividad turística.
Pese al criterio contrario del Gobierno, Santana confía en que la proposición socialista pueda continuar su recorrido parlamentario y ha apelado a los compromisos que, según afirma, dirigentes de Coalición Canaria adquirieron con la plataforma antes de las elecciones de 2023.
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