CASO GRÚAS - LA LAGUNA

La grúa judicial que arrastra a Clavijo tiene un largo recorrido

El origen de la causa se remonta a 2003, cuando el entonces concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna inició el procedimiento de concesión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública

DIARIO DE AVISOS inició en 2016 una serie de publicaciones sobre el caso Grúas
DIARIO DE AVISOS inició en 2016 una serie de publicaciones sobre el caso Grúas. DA

Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que la grúa que remolca el coche oficial de Fernando Clavijo (CC) en el garaje de una sede judicial. El sumario que compromete el futuro político del presidente del Gobierno de Canarias ha sido aparcado tantas veces como removido. El recorrido procesal arrancó en 2012, con una queja registrada en la ciudad de la que Clavijo era alcalde por el robo de piezas de coches en el depósito municipal.

Ni la instructora ni el fiscal habían hallado huellas de delito. Pero Santiago Sánchez observa ahora indicios de prevaricación y malversación en la decisión de obviar una tacha del interventor para desembolsar 120.000 euros al objeto de que el servicio municipal de grúas no terminara en el desguace. Se sabe que el dinero del rescate de la empresa concesionaria fue reembolsado con intereses antes del tiempo fijado. El ministerio fiscal echa en falta un plazo de devolución del préstamo además de la garantía. Lo del presunto quebranto patrimonial es otro cantar.

Clavijo ejercía en 2003 de concejal de Seguridad Ciudadana, con Ana Oramas (CC) de alcaldesa. Por aquellas fechas colocó la llave de encendido para que la retirada de vehículos de la vía pública lo gestionara una empresa privada por concesión. La vigencia acordada equivalía a la amortización de las grúas sin la incorporación de personal alguno de la corporación local. En julio de 2004, el pleno del Ayuntamiento adjudicó el servicio a José Padilla por un periodo de cinco años prorrogables hasta un máximo de veinticinco. Posteriormente, en octubre de 2005, el Ayuntamiento autorizó a José Padilla la cesión del contrato a Autogrúas Poli, S.L. Posteriormente se constató que resultó ser un negocio ruinoso, al borde de un barranco: impagos de nóminas, escasez de material, de tarjetas de transporte… Las grúas estaban para que las remolcaran. En consecuencia, la Junta de Gobierno de La Laguna adoptó la medida cautelar de intervenir el servicio. Los funcionarios que recibieron el encargo pusieron por escrito en marzo y abril de 2014 “la inestable situación económica-financiera de la entidad concesionaria”. La deuda a corto plazo rebasaba los 300.000 euros y existía un problema de liquidez por la deuda con la Agencia Tributaria, ingresos bloqueados y créditos embargados. En junio de 2014, Fernando Clavijo decretó meter en un cajón los reparos anotados por la Intervención respecto a la concesión a Autogrúas Poli en el sentido de que probablemente se vulneraba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Clavijo se fió de un dictamen de catedráticos de Derecho Financiero y Derecho Administrativo de La Universidad de La Laguna. El hilo de la madeja sostenía una cometa. Por su cuenta y riesgo, el regidor otorgó la ayuda a Autogrúas Poli, de la que eran socios algunos de sus trabajadores, “vinculados” al alcalde. Así lo confirmaron los testigos: “al menos cinco” conocían de hace años a Clavijo, por haber “compartido trabajo en Leroy Merlin” o por acudir juntos a “clases de artes marciales”. Y esa sociedad mercantil llegó a tener su sede en el mismo sitio que la asesoría Administración Ecológica, S.L., de la que Fernando Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009.

El teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antonio Miguel Pérez Godiño (CC), prorrogó la concesión a Autogrúas Poli por cinco años y un importe máximo anual de 650.000 euros. En agosto de 2014 fue vendida por un euro a Grúas y Servicios Adeje, S.L., que afrontó la deuda: 715.215 euros.

Ante la Guardia Civil, José Padilla declaró que Fernando Clavijo y el actual  alcalde, José Alberto Díaz, lo presionaron para que vendiera con tal de que “siete empleados afines a Clavijo” montaran una cooperativa y se beneficiaran de la concesión.

El 10 de abril de 2017, los grupos municipales de Unidos se puede, Por Tenerife-NC y Ciudadanos abandonaron la comisión de investigación de las grúas como reacción al bloqueo que, a su entender, practicó el equipo de gobierno (CC-PSOE) con la connivencia del PP. “Quieren convertirla en un estudio administrativo sin responsabilidades políticas”, clamaron. Los concejales de Unidos se puede y XTF-NC anunciaron el 29 de junio que presentarían en la Audiencia Provincial un recurso contra el archivo en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna de la denuncia contra Clavijo y Díaz por presunta prevaricación administrativa. De esa acción se derivó la obligación de efectuar las diligencias indagatorias precisas para el esclarecimiento de los hechos. El Juzgado elevó el expediente a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En diciembre, Clavijo calificó de “buena noticia” que este descartara citarlo en condición de investigado (imputado) por la querella. Después, la Fiscalía recomendó al TSJC que exigiera a la juez de La Laguna que concretara los indicios en una nueva exposición razonada. A mediados de diciembre, la Sala de lo Penal del TSJC accedió a la petición del ministerio fiscal. El 16 de abril de 2028, José Alberto Díaz se mostró “satisfecho” tras comparecer durante más de dos horas como investigado por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. “Ante las visibles indicaciones” de su abogado, Esteban Sola, el alcalde declinó responder a las diez preguntas de la acusación popular. Santiago Pérez, portavoz municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias, consideró “alarmante” la “inhibición” de la Fiscalía y de la juez Celia Blanco, a quien “la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha leído dos veces la cartilla”. Según Pérez, “la actitud de Díaz es de una cobardía sin límites y refleja que su ofrecimiento para aclararlo todo era mentira”.

En este punto, el Tribunal Superior delibera si llama a Fernando Clavijo a instancia de la Fiscalía, que aduce “una total ausencia de tutela del patrimonio público” al avalar un cheque con fondos pero sin formalismos.

“MANIPULACIÓN DE OCHO INFORMES PARA APARENTAR LEGALIDAD”

En la ampliación de la demanda, el grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias expone que José Alberto Díaz “ocultó o manipuló” desde el área de Seguridad Ciudadana el contenido de ocho informes para “dar apariencia de legalidad a sus propuestas de conceder un préstamo de 120.000 euros y prorrogar el contrato” a la empresa Autogrúas Poli, S.L. “Se tergiversan las advertencias de ilegalidad sustanciales, como la falta de cobertura legal y de fundamentación de las propuestas de resolución”, recalca XTF-NC.