El caso Grúas entra en su fase decisiva tras el informe del fiscal Santiago Sánchez, conocido este martes en las páginas de DIARIO DE AVISOS, y en tanto la jueza eleva la instrucción al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), trascienden algunos de los aspectos más determinantes del escándalo, no contemplados en su totalidad en el citado dictamen del fiscal, que sí detalla los supuestos delitos atribuibles al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), en su etapa de alcalde lagunero, en la gestión del servicio municipal de grúas, y que podrían costarle la imputación (investigación).
Si bien es cierto que el fiscal precisa en dicho escrito la presunta existencia de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de Clavijo y remarca cómo se concedió el préstamo a una empresa en muy mala situación económica y con informes desfavorables de la Intervención General del Consistorio lagunero, y sin que quepa tal operación en el ámbito municipal, esos otros aspectos que complementarían el documento jurídico del fiscal, fechado el pasado 27 de julio, fueron subrayados ayer por fuentes conocedoras de la instrucción. Son los relativos a cómo se fraguó, supuestamente, una operación que no se agota en la mera firma de determinados decretos para la concesión de un préstamo puntual y la prórroga de un servicio en estado caótico. En lugar de una inyección económica, lo pertinente, según la ley, habría sido la resolución del contrato y su nueva adjudicación mediante concurso.
En un primer momento, el concesionario, en el año 2011, cambia de titularidad, y, casualmente, la misma pasa a manos de varios de los trabajadores que, años antes, habían sido “recomendados” por el alcalde.
Dicha adquisición, al parecer, se realizó sin la autorización del Ayuntamiento, sin la previa comprobación de su solvencia técnica y financiera para asumir el servicio de grúas municipal. Resulta significativo, cuando menos, que este “traspaso” se realizara “a ciegas”, es decir, sin que los nuevos propietarios supieran, exactamente, cómo estaban las cuentas de dicha empresa. Hay que recordar en este punto que uno de esos trabajadores/empresarios reconoció en sede judicial que “su mujer trabajaba en la inmobiliaria del Sr. Clavijo” y que el propio alcalde, según declaró, le indicó que “puede ser un negocio bonito”. Tras la adquisición de los trabajadores “señalados” supuestamente por Clavijo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento acuerda en enero de 2014 la intervención temporal del servicio, dadas las deudas que acumulaba con los trabajadores, la Seguridad Social y las Haciendas estatal y autonómica por valor de 300.000 euros. Dicha intervención se realizó sin un límite temporal.
Uno de los informes claves del caso Grúas lo realizaron dos interventores designados por el Ayuntamiento para gestionar el servicio intervenido el 8 de abril de 2014, que confirma los graves incumplimientos. Dichas faltas eran muy graves, según este documento, lo que tenía que haber provocado, como se indicó, la resolución del contrato, además de una sanción. Nada de eso ocurrió. Antes al contrario, se le concedió un préstamo de 120.000 euros, que fue devuelto posteriormente, aunque la empresa seguía acumulando deudas. Un préstamo que el fiscal resalta que se realizó de manera ilegal.
La tercera pata de este caso es la adquisición del servicio por una nueva entidad, Grúas y Servicios de Adeje, S.L., que se hace cargo de la empresa por el simbólico precio de un euro, con el compromiso de afrontar las deudas (más de 700.000 euros). Lo que llama la atención, según los documentos que ilustran esta instrucción, es el hecho de que el nuevo empresario asume, de tapadillo, una concesión hasta 2029, con una facturación de unos 10 millones de euros en total. Ahora falta por conocer cuándo instará la jueza que instruye el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para la imputación de Clavijo, a fin de que su situación procesal pase a ser oficial.
A LA ESPERA DE QUE LA JUEZA REMITA EL CASO AL TSJC
Tras el informe del fiscal del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, se está a la espera de que la jueza del caso Grúas, Celia Blanco, remita un escrito en el que solicite formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la citación como investigado del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas