La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya ha sido emplazada formalmente para que emita un informe donde se recoja su parecer sobre si el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, debe ser imputado (ahora investigado) o no a cuenta del llamado caso Grúas, un asunto que se remonta a la etapa de este dirigente de Coalición Canaria (CC) como alcalde de La Laguna, y en el que se dirime la presunta comisión de dos delitos relacionados con la corrupción: prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
Dicho emplazamiento a la Fiscalía del alto tribunal canario se produce a través de una diligencia dictada esta semana por la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) de la Sala de lo Penal del TSJC. En el escrito se notifica la recepción de la exposición razonada que redactó la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, así como de los 22 tomos que abarcan las diligencias instruidas a cuenta de este caso, cuya clave radica en la posible ilegalidad de un préstamo y una prórroga concedidos a los entonces empresarios de la concesionaria de las grúas municipales en la Ciudad de Los Adelantados, la mayoría de los cuales afines al propio Clavijo.
Aunque en la diligencia en cuestión, que lleva fecha del pasado martes día 4 si bien pudo ser comunicada al día siguiente o incluso el pasado jueves, se fija un plazo de dos días para que el fiscal asignado al caso (Demetrio Pintado) comunique si, como defiende su compañero del juzgado lagunero, Clavijo ha de ser imputado, o bien que discrepa de tal parecer, lo voluminoso de las diligencias y la relevancia que da al asunto la presencia del presidente autonómico apunta a que el informe en cuestión se entregará, como muy pronto, la próxima semana.
Un dato aportado en la propia diligencia que nos ocupa desvela, además, que la magistrada del TSJC ponente en este caso se reincorpora de sus vacaciones el próximo lunes día 10. Sea como fuere, en cuanto emita su proceder el fiscal Pintado, la Sala de lo Penal del TSJC será la que decida finalmente sobre el futuro procesal de Fernando Clavijo en el caso Grúas.
Cabe recordar que por este caso ya han declarado en calidad de investigados el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), y el portavoz municipal de dicha formación política, Antonio Pérez Godiño, si bien este solo firmó uno de los decretos ahora puestos en tela de juicio porque sustituía al edil que debía rubricarlo, que no era otro sino José Alberto Díaz. Los otros dos decretos bajo sospecha llevan la firma de Fernando Clavijo, pero su condición de aforado como presidente regional obliga a que, en lo que a él le atañe, sea el TSJC y no el juzgado instructor original quien decida.
Aunque los hechos que han dado lugar a este caso se remontan a los tiempos de la privatización de este servicio municipal lagunero a primeros de siglo, lo cierto es que los extremos hoy investigados tuvieron lugar en 2014. Fue entonces cuando, pese a los reparos del interventor municipal, quien disentía de la legalidad de determinadas decisiones del equipo de gobierno entonces comandado por Clavijo, se optó por dictar los tres decretos aludidos para obviar tales reparos. En el afán de dar consistencia a sus tesis, Clavijo y Díaz (entonces concejal del área de Seguridad) contrataron los servicios de dos juristas externos.
Rectificación
Por otra parte, el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, ha requerido formalmente al alcalde lagunero, José Alberto Díaz, para que rectifique la difusión dada por Díaz a una noticia que atañe a Pérez y que este califica como falsa, dado que en la misma se asegura que este edil opositor y denunciante del Caso Grúas votó en 2014 a favor del préstamo de 120.000 euros a la concesionaria en cuestión.
En un documentado escrito, Pérez refuta tal aseveración y recuerda que el préstamo en cuestión se acordó en la Junta de Gobierno, mientras que al Pleno solo fue la correspondiente modificación presupuestaria para hacerlo posible. Añade Santiago Pérez al respecto que el entonces concejal José Alberto Díaz ocultó al pleno información clave para decidir sobre esta cuestión, concretamente un informe interno en el que se detallaban los numerosos y graves incumplimientos en los que habían incurrido los empresarios.
Entre los mismos figuraban las nónimas adeudadas a los trabajadores no afines a los entonces propietarios, varios impagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Canaria e, incluso, la ausencia de las preceptivas tarjetas de transporte en las grúas municipales, una flamante irregularidad de la que tuvo que advertir oficialmente el Cabildo Insular.
La respuesta del alcalde lagunero al requerimiento de Santiago Pérez no se hizo esperar, dado que se ha hecho eco del mismo en su cuenta de Facebook y, en vez de volver a enlazar en la misma la noticia original, lo ha hecho a una modificación de la misma que tuvo lugar, igualmente, tras quejarse el aludido de la inexactitud de lo allí reflejado.
Cambio de destino
Otra novedad es que la hasta ahora directora de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna, Rosario Hernández, ha dejado dicho cargo para incorporarse a la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno regional, a cuyo frente se encuentra una vieja conocida suya, la exedil lagunera Blanca Pérez. Cabe recordar que las acusaciones populares del caso han solicitado la imputación de Rosario Hernández, si bien la defensa de los hoy investigados entiende que solo debe ir a declarar en calidad de testigo. La decisión sobre este respecto tendrá que esperar a que el TSJC se pronuncie sobre la implicación de Clavijo.
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