Con los dedos cruzados ante la nefasta posibilidad de que lo impida un adelanto electoral a nivel estatal, lo cierto es que los canarios contamos, desde ayer, con inminentes nuevas reglas maestras para el juego de nuestra convivencia. Porque el Estatuto de Autonomía aprobado ayer en el Congreso de los Diputados, y que ahora deberá ratificar el Senado, es, a efectos de esta comunidad autónoma, como si el Archipiélago se dotase de una nueva Constitución propia, obviamente mejor que la que nos ha regido desde 1982.
Aunque parece exagerado decir, como Ana Oramas (CC), que “ha nacido un nuevo pueblo”, lo cierto es que con este Estatuto llegan muchos cambios, entre los cuales, destaca el adiós al privilegio del aforamiento para los diputados regionales, que ahora serán juzgados en los mismos tribunales que el resto de la ciudadanía. Para que se hagan una idea, si esta ley hubiera estado ya en vigor, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, estaría ya imputado (ahora investigado) por el llamado caso Grúas. Sin embargo, dado su cargo actual, se beneficia de que tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que decida al respecto. Es de justicia recordar que fue Ciudadanos el partido que impulsó este adiós a los aforamientos en Canarias, propuesta a la que el resto de fuerzas no se opuso durante los trabajos realizados en la Ponencia que ha desembocado en el nuevo Estatuto.
Pero hay más novedades, de tanta importancia o mayor aún. Por ejemplo está la ansiada reforma del sistema electoral canario, que incluye las solicitadas rebajas en los topes insular y regional a unos límites que harán mucho más asequible el acceso de nuevas fuerzas al Parlamento autonómico. Otra cosa bien distinta es si esta reforma estará en vigor para cuando lleguen las elecciones de mayo del año que viene, porque no se descartan maniobras dilatorias desde Coalición Canaria que, de cualquier modo, un pacto entre PP, PSOE y Nueva Canarias está preparado para evitarlas en Madrid. No todo son correcciones de los aspectos más discutibles del anterior Estatuto. En el nuevo tenemos, al fin, la consideración de La Graciosa como isla habitada, así que ya pueden cambiar el villancico porque somos ocho sobre el mismo mar que, también gracias al nuevo Estatuto, es al fin considerado como parte del territorio canario desde la perspectiva jurídica.
Pero seguramente más importante aún es que se blinda al Régimen Económico y Fiscal, que nunca más será vinculado al modelo de financiación autonómico general.
A falta de que el Senado también se pronuncie favorablemente sobre el Estatuto, esperemos que nada impida estas evidentes mejoras para las Islas.
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