La negativa de la Dirección General de Comercio a conceder la ampliación de la licencia comercial a la mercantil Tropicana en sus terrenos de Adeje ha hecho que esta empresa se querelle contra la directora general de Comercio, Ángeles Palmero.
La empresa tiene concedidos –por los tribunales de justicia, tras los retrasos del Gobierno de Canarias en otorgar la primera licencia solicitada- 23.000 metros de espacio comercial en los terrenos de su propiedad, en dicho término municipal. Nada parece impedir la ampliación a 58.000 metros de esta superficie, siguiendo la propia doctrina del TSJC, en dos sentencias firmes, según la demandante. A su juicio, la Dirección General de Comercio retrasa sin justificación alguna, el procedimiento que ya ha sido informado favorablemente por los funcionarios, pero cuyo expediente “se ha perdido” –según señalan- durante meses en el despacho de la directora general, Ángeles Palmero.
La Dirección General, y por tanto la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, cuyo titular es Pedro Ortega, “retrasan de manera negligente la obligada respuesta a la ampliación de la licencia comercial que ya posee Tropicana”, según recoge el texto de la querella.
A pesar de que la empresa peticionaria ha solicitado repetidamente el expediente correspondiente, para comprobar su estado actual, “se le niega de manera reiterada o prolongando el silencio”, se expresa en la denuncia. Según el gabinete jurídico de la empresa afectada, “la última excusa para retrasar la resolución de dicho expediente y el otorgamiento de la ampliación de la licencia comercial ha sido la petición a la Consejería de Obras Públicas –que no es competente en el asunto— de un informe sobre el tráfico rodado en la zona, competencia que -de ser necesario dicho informe- correspondería al Ayuntamiento de Adeje”. Según aseguran los letrados de Tropicana, hasta la fecha no ha sido solicitado este estudio de tráfico en ningún otro trámite de centros comerciales en el Sur de Tenerife.
En la querella, en la que también se exigen responsabilidades al consejero del Gobierno de Canarias Pedro Ortega, se aporta abundante documentación en la que se concluye que el Gobierno de Canarias “incurre en una fragrante y negligente maniobra dilatoria para retrasar una concesión de la ampliación de la licencia comercial a Tropicana, que debería haber sido resuelta desde el mes de junio pasado y que está causando serios perjuicios a la empresa promotora citada, ya que ésta no puede ofrecer superficie comercial a los clientes que la están demandando”.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, de quien depende la Dirección General de Comercio, “tampoco ha puesto demasiado celo en aplicar las resoluciones que proceden, traspasado los límites legales que conducen su gestión y la de su subordinada en la comisión de graves delitos”, según la denunciante.
Tras dos sentencias firmes en las que el TSJC vierte duros calificativos sobre los responsables de la Consejería de Comercio por su actitud, antes de obligar al citado departamento del Gobierno regional a conceder a los demandantes su primera licencia comercial de 23.000 metros, “se está produciendo el mismo caso”, según los representantes legales de la mercantil, “pues la petición gira en torno, exclusivamente, a una ampliación de la misma”.
Otro de los fundamentos que se incluyen en la querella se refiere a los graves perjuicios económicos que se le está causando a Tropicana, aportando un extenso informe sobre el lucro cesante que se le ocasiona y, especialmente, sobre las graves indemnizaciones que serán exigidas a la Administración canaria en el proceso judicial que ahora se apertura.
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