El juicio del caso de Los Tarajales se ha vuelto a aplazar. Esta vez, si no ocurre un nuevo contratiempo, solo por un día, debido a que la falta de opertividad del aeropuerto de La Palma por el mal tiempo el domingo impidió la llegada de abogados de la defensa a la apertura de la vista oral, prevista para las nueve de la mañana del lunes. Por lo que la jueza decidió posponer su apertura para hoy en Los Llanos de Aridane.
Entre los acusados, los letrados y los propios periodistas existía un cierto aire de resignación por e nuevo aplazamiento de este juicio, en el que está acusado por un presunto delito urbanístico el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, y el resto de concejales que formaban el Gobierno municipal de Unión Bagañeta – Coalición Canaria (UB – CC) en 2005.
Esta fatalidad que parece perseguir al proceso judicial, cuya vista se ha aplazado hasta en tres ocasiones, se suma a la eternización de una causa que se remonta a hace más de una década, cuando el Gobierno local autorizó la construcción de un inmueble en el Puerto dentro de la zona afectada por la Ley de Costas.
Una decisión que los acusados justifican haber tomado dado que el planeamiento municipal de Tazacorte, que estaba entonces en vigor, contemplaba ese suelo como urbanizable. Lo cierto es que el edificio está en pie y pesa sobre el inmueble también la reclamación de demolición.
El alcalde afronta la petición de una pena de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público, mientras que para los exconcejales Juan Miguel Rodríguez (hoy dirigente de Nueva Canarias en Tazacorte), Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, el Ministerio Público reclama 9 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación. También se encuentra en la misma situación el arquitecto del Ayuntamiento, Rosendo Luis Brito, para quien solicitan una pena de un año de cárcel y nueve de inhabilitación.
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