El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado hoy que está en manos del Gobierno central que se consiga llegar a vertidos cero en la capital tinerfeña, que cuenta con una depuradora de los años 70 que ha quedado obsoleta.
José Manuel Bermúdez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha valorado que el Gobierno central por fin haya adjudicado la ampliación de la depuradora, que actualmente no tiene la capacidad suficiente para depurar toda el agua de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y El Rosario.
No obstante, ha criticado que se haya adjudicado con una baja del 31%, lo cual espera que no suponga ni una merma de calidad ni tampoco un alargamiento de los plazos.
“Me sorprende una baja del 31%; tengo que atenerme a que lo hayan hecho bien y que la empresa constructora haga la obra por ese precio”, ha manifestado el alcalde, quien espera que “ojalá se consiga” con un presupuesto de 21 millones frente a los 32 millones presupuestados en el proyecto.
Vertido en La Hondura
Respecto al vertido al mar que se produjo la semana pasada en La Hondura, ha recordado que se ha iniciado un procedimiento de investigación a Emmasa y hasta que no culmine en un par de semanas no se sabrá si se pondrá alguna sanción.
Según Bermúdez, por lo que se ha dicho fue una avería pero aún hay que saber dónde se produjo, de quién es la responsabilidad y en caso de que la hubiera iniciar un expediente sancionador.
PGO de Santa Cruz
El alcalde de Santa Cruz ha reconocido hoy que le sorprende que el Tribunal Supremo haya ratificado la nulidad del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital.
“Acato la decisión del Supremo, pero me sorprende que no se haya admitido ni a trámite el recurso cuando nosotros dábamos argumentos de peso para su admisión a trámite”, ha manifestado Bermúdez, quien no obstante ha dicho que respeta y acata la decisión.
Bermúdez ha hecho estas declaraciones después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la nulidad del Plan General de Santa Cruz de Tenerife al rechazar los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada en julio de 2017.
El alcalde ha transmitido confianza y tranquilidad porque si se pide cualquier licencia de obra se concede conforme al planeamiento vigente, con lo cual, ha continuado, no hay ningún problema con seguir invirtiendo, rehabilitando y construyendo en la ciudad.
En su opinión, el PGO de 2005 “no era un mal plan” y su continuidad temporal no es una hecatombe ni un caos para los inversores.
Sin embargo, ha confiado en que su línea argumentativa prospere ante el TSJC y se tenga en cuenta el trabajo que se realizó durante casi 16 años por multitud de funcionarios de todas las administraciones públicas que consideraron que existía suficiente contenido ambiental en el PGO como para ser aprobado.
En caso de que no fuera así, habría que comenzar un nuevo planeamiento, cuya redacción ya se ha adjudicado a un equipo redactor que lo que va a hacer es prácticamente copiar el documento de 2013 y darle “el contenido ambiental que parece, entre comillas, no tenía”.
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