El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas coincidieron ayer en señalar la necesidad de mantener los juzgados especializados en cláusulas suelo, si bien reconocen que no funciona con la misma eficacia en todas las regiones. Así, la tasa de resolución más baja (25,3%) fue la de Andalucía; también Cantabria (38,8 %), Cataluña (31 %, Madrid (38,9 %) y Murcia (29,4 %) se sitúan por debajo de la media nacional.En el otro extremo de la tabla figuran La Rioja (136,4 %), Asturias (86,6 %), Castilla y León (78,5 %) y Navarra (72,3 %).
En cuanto a Canarias, figura a media tabla con un 51,3% de eficacia y, en consecuencia, no se contempla que se pongan juzgados de refuerzo para esta Comunidad respecto a la litigiosidad que nos ocupa. Cabe recordar que en las Islas es notablemente abrumador el porcentaje de sentencias favorable a los demandantes (99,5%) de las cantidades cobradas indebidamente por las entidades financieras a cuenta de este tipo de cláusulas abusivas.
Estas son las principales conclusiones de la reunión celebrada ayer para evaluar el plan especial sobre cláusulas suelo, que fue presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y en la que participaron representantes del órgano de gobierno de los jueces, del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, entre ellas Canarias,
Cuando ha transcurrido algo más de un año desde su puesta en marcha, en junio de 2017, ha habido un acuerdo unánime respecto a la necesidad de mantener dicho sistema, que promovió la creación de juzgados especializados, de forma exclusiva, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. El CGPJ explica además que se ha constatado que mientras no se adopten medidas legislativas, la especialización sigue siendo un sistema adecuado para hacer frente al “elevadísimo número de asuntos sobre cláusulas abusivas que ingresan en los juzgados”.
Sin embargo, desde la asociación de consumidores Asufin denuncian el “colapso” de estos juzgados, que no cuentan a su entender con los medios materiales ni humanos para realizar su trabajo. “La situación es insostenible”, señaló ayer la presidenta de dicha asociación, Patricia Suárez, quien destacó además que “el personal de los juzgados hace lo que puede, pero no pueden hacer frente al incremento de las demandas relacionadas con cláusulas abusivas en las hipotecas”.
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