El juicio del caso Los Tarajales quedó ayer visto para sentencia, tras la exposición de las conclusiones por las partes de este litigio en el que se dirime la legalidad de la licencia del edificio Balcón del Puerto, sobre el que pesa la petición de derribo por parte de la Fiscalía, que reiteró la petición de condena para los seis acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística e incluso la amplió para el exconcejal Juan Miguel Rodríguez Acosta, igualándola con la del alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, de 18 meses de prisión y diez años de inhabilitación para cargo público. Un incremento que también reclamó para el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, pasando de nueve a diez años de inhabilitación y 15 meses de prisión. Para los otros tres acusados, concejales del Gobierno de UB-CC que formaban la junta gobierno de 2005, mantuvo la pena de 9 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación.
El Fiscal, durante más de dos horas de intervención, hizo una descripción del proceso por el que se otorgó la licencia y que estuvo dirigido, a su juicio, por “un ánimo de comisión de delito”. En este sentido señaló cuestiones como que se “aceleró” la aprobación de la licencia, “sabiendo que se iba a dictar la sentencia del Supremo”, que ratificaba que el suelo de Los Tarajales no era urbano porque invadía los 100 metros del protección del dominio público que establece la Ley de Costas.
El Ministerio Público también puso especial énfasis en solicitar la demolición del inmueble y advirtió de que si no se tumba este residencial, que se ha descrito como un inmueble de lujo, quedará en pie como “un monumento a la prevaricación urbanística”. E insistió en que “permitir ese edificio es admitir que la Ley de Costas no ha servido para nada”.
El representante de la empresa propietaria del edificio, Rentur, negó que se haya producido un delito de prevaricación en la concesión de la licencia y advirtió de que si se llega a aprobar la demolición del edificio del Puerto de Tazacorte, “el Ayuntamiento no tiene 15 millones” para compensar las pérdidas sufridas en la construcción del inmueble.
Los abogados de la acusación, en representación de las empresas Inversiones Cook e Isla Bonita, señalaron que al convertir el suelo en urbano, a través del Plan General, estaban produciendo “un fraude de ley”, ante las dos sentencias que habían fallado contrariamente a esta calificación del solar de Los Tarajales. Asimismo, abogaron por el derrumbe del edificio, poniendo el símil del mamotreto de la playa tinerfeña de Las Teresitas, que se hizo en la servidumbre y sobre el que pesa una condena de demolición
La defensa del alcalde de Tazacorte aseguró que no se había cometido ninguna ilegalidad con la aprobación de la licencia, porque se concedió conforme al Plan General que estaba vigente y que marcaba la servidumbre en 20 metros. Mientras que las sentencias, que todavía no eran firmes y que estipulaban la obligatoriedad de 100 metros para edificar, tal y como marca la Ley de Costas, hacían referencia a las normas subsidiarias, que dejaron de estar vigentes con la entrada en vigor del PGO. “Había que dar la licencia, había que entregarla porque era ajustado a derecho”, añadió.
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