Hoy arranca la vista oral del juicio por el denominado caso Los Tarajales, en el que entre otras penas, se solicita una condena de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público al alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC), por un presunto delito urbanístico. Un caso que se empieza a enjuiciar después de una extensa tramitación y de varios aplazamientos, el último a ocurrido a principios del mes de noviembre del año pasado.
El Juzgado de Lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma, en la sede de Los Llanos de Aridane, tendrá que dirimir sobre la legalidad de la autorización que otorgó el Ayuntamiento bagañete para la construcción del edificio Balcón del Puerto en una zona que estaría afectada por la Ley de Costas.
Junto con el alcalde, están imputados los concejales que formaban la junta de gobierno municipal en el año 2005: Juan Miguel Rodríguez, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, para quienes el Ministerio Público reclama 9 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación. También se encuentra en la misma situación el arquitecto del Ayuntamiento, Rosendo Luis Brito, para quien solicitan una pena de un año de cárcel y nueve de inhabilitación.
La acusación argumenta que tanto en el año 2005, cuando el grupo de Gobierno municipal autorizó un reformado del proyecto de este edificio y, un año después, dio el visto bueno al inicio de las obras, el suelo estaba afectado por la Ley de Costas. Esgrimiendo que existía una sentencia del 1 de diciembre de 2004, de la Audiencia Nacional, donde se estipulaba que la servidumbre de protección era de 100 metros en este emplazamiento.
Los acusados, durante los años que ha durado este proceso, han defendido siempre que actuaron dentro de la legalidad, argumentando fundamentalmente que otorgaron la licencia para la construcción de este edificio acogiéndose al Plan General municipal de 2004, que estaba entonces vigente y que contemplaba este suelo como urbano, sin estar afectado, por tanto, por la servidumbre de protección de los 100 metros del dominio público marítimo terrestre.
La vista oral se abrirá en la mañana de hoy con la declaración de los acusados, mientras que el turno de los testigos se prolongará del martes al jueves. El viernes está prevista la lectura de las conclusiones de un procedimiento judicial que ha hecho correr ríos de tintas y que acumula 22 tomos de la instrucción.
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