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Pablo Rodríguez: “Hemos hecho las cosas con la Ley en la mano”

El alcalde de Tazacorte asegura en la apertura del juicio de Los Tarajales que dieron la licencia con informes jurídicos y técnicos favorables y un PGO que autorizaba la edificación

Tras varios aplazamientos, arrancó ayer el juicio del caso Los Tarajales que dirime la legalidad de la licencia que permitió construir el edificio Balcón del Mar, en el Puerto de Tazacorte, sobre el que pesa la solicitud de demolición de la Fiscalía al estar afectado por la Ley de Costas. El alcalde bagañete, Ángel Pablo Rodríguez, fue el primero de los acusados en prestar declaración y defendió que actuó dentro de la legalidad al aprobar la licencia para la construcción de este inmueble en 2005, destacando que contaba para ello con informes técnicos y jurídicos que así lo avalaban.

El representante del Ministerio Público realizó un largo y exhaustivo interrogatorio al alcalde, que afronta una solicitud de condena de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación por un presunto delito urbanístico, en el que subrayó algunos aspectos más controvertidos de la causa, como el hecho de que se concediera la licencia dos días antes de que se produjera el fallo del Supremo que ratificaba que el ámbito de protección de la costa era de 100 metros o que en la instrucción el alcalde dijera que no conocía ni el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni de la Audiencia Nacional, que negaban que el espacio de servidumbre era de 20 metros.

Rodríguez reiteró a las diversas preguntas formuladas por el Fiscal, que estas sentencias hacían referencia a las normas subsidiarias que estaban derogadas y no al Plan General de Ordenación, en el que se basó el Ayuntamiento para otorgar la autorización de la edificación, que sí permitía la construcción con un margen de 20 metros, en lugar de 100. Es más, en el turno de intervención de la defensa, el regidor recalcó que el planeamiento municipal que contemplaba esta autorización tenía un informe favorable de Costas.

Este es el principal argumento esgrimido por el alcalde de Unión Bagañeta – Coalición Canaria (UB-CC), en un caso en el que están imputados los otros cuatro concejales que formaban en aquel entonces el Gobierno local y el arquitecto municipal.
“Yo soy maestro de escuela, no tengo porqué conocer las normas urbanísticas”, destacó Rodríguez, quien aseguró que se fiaba de sus técnicos, que emitieron, tanto el jurista como el arquitecto, informes favorables a su autorización.

El alcalde señaló además que había una especie de emergencia socioeconómica en Tazacorte debido al alto índice de paro existente en el municipio, hasta el punto que vaticinó que si no se produce un cierto desarrollo turístico, “el pueblo se muere de hambre”. Esta fue una de las justificaciones que alegó ante el Fiscal para no esperar a que se produjera el fallo definitivo del Tribunal Supremo sobre el deslinde de Costas para dar más seguridad jurídica a la licencia.

Añadió que no hubo presiones de la promotora para que se aprobara la licencia, más allá de lo “normal” cuando una empresa va a realizar una inversión y no quiere perder tiempo. Y recordó que sí recibió la advertencia por parte del representante de la promotora, que si no daban la licencia, teniendo los informes favorables, podrían ser denunciados por prevaricación.

El alcalde anunció que próximamente van a solicitar a Costas que revise el deslinde, porque “la tierra le está ganando terreno al mar”, dado el aporte de materiales del barranco de Las Angustias y el dique del Puerto. De hecho, aseguró que el flanco norte del edificio ya está fuera de los 100 metros de dominio público.

“En Tazacorte hemos hecho las cosas con la ley en la mano y la consecuencia que tenemos es, entre otras cosas, este pleito, que ha frenado el desarrollo de mi pueblo, porque cuando hay un litigio, los inversores huyen”, concluyó el regidor, que se negó a contestar a las preguntas de la acusación.

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