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Publicado el decreto que simplifica en un solo trámite el reconocimiento de la dependencia

Según el Ejecutivo, se trata de un trámite previo para aprobar la entrada en vigor de esta nueva norma, con la que se busca ofrecer una respuesta más ágil y eficaz, garantizando la igualdad y equidad de los canarios en el acceso a las prestaciones y servicios
| Sergio Méndez

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha publicado este martes en el BOC el periodo de información pública del borrador de decreto por el que se regulará, simplificándolo, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones.

Según el Ejecutivo, se trata de un trámite previo para aprobar la entrada en vigor de esta nueva norma, con la que se busca ofrecer una respuesta más ágil y eficaz, garantizando la igualdad y equidad de los canarios en el acceso a las prestaciones y servicios.

El proyecto de decreto estará a disposición de la ciudadanía para aportaciones y alegaciones desde el 31 de octubre hasta el próximo 28 de noviembre en https://www.canariasparticipa.com/reconocimientodependencia-ip.

“Tras diez años desde la publicación del Decreto 54/2008, por el que se reguló el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, resultaba del todo necesario contar con un nueva regulación que facilite la tramitación, simplificándola y agilizándola”, afirma en una nota la consejera, Cristina Valido.

“Era un compromiso que yo misma había adquirido con las asociaciones de dependientes y familiares y con los agentes sociales, y con este trámite avanzamos un poco más para que el reconocimiento de este derecho sea lo más veloz que permita el procedimiento”, agrega.

El pasado 19 de julio se sacó en consulta pública la memoria con los objetivos del nuevo Decreto, de tal manera que las organizaciones más representativas y los ciudadanos pudieran opinar sobre la necesidad y oportunidad de la futura norma o las posibles soluciones alternativas.

“Este proceso finalizó el pasado 7 de agosto y en él se recibieron un total de cuatro aportaciones, dos de particulares, una de colegio profesional y otra de una asociación, aportaciones que han sido en gran parte tomadas en cuenta”, comenta.

Una vez finalizado este trámite, se eleva a información pública el proyecto de Decreto, un proceso mediante el cual todas las personas titulares de derechos e intereses legítimos o cualquier otra persona u organización puede dar su opinión y trasladar todas las aportaciones y alegaciones que entiendan de interés.

“Nuestro objetivo es lograr el mayor consenso posible, para el que esperamos contar con el conocimiento y la valiosa experiencia del equipo humano que trabaja en el área, de los usuarios, asociaciones, colegios profesionales o corporaciones locales”, indica la responsable del área.

NOVEDADES DE LA NUEVA REGULACIÓN

Una de las principales novedades que se contemplan en esta nueva regulación respecto de la normativa de 2008 es la nueva configuración monofásica del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), que pasa de las dos fases hasta ahora en vigor, a un procedimiento unificado de una resolución única, donde se reconoce el grado y el derecho al ejercicio efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente.

Igualmente otra novedad es la posibilidad, explícitamente contemplada, de encomiendas de gestión a las entidades locales para descentralizar algunos aspectos o funciones del procedimiento en aras de ganar en agilidad poniendo más recursos y efectivos disponibles para su gestión, con la cooperación de cabildos y ayuntamientos.

Asimismo, entre otras novedades, en el presente decreto se procede a modificar la Disposición Adicional Primera del Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en donde se prevé la suspensión temporal de las prestaciones económicas en los supuestos de inicio de una relación laboral.

Sin embargo, esta previsión “no tiene fundamento en la legislación estatal y supone una contradicción al propio espíritu de la ley en cuanto que dificulta la propia promoción de la autonomía personal”, precisan desde el Gobierno.

Por ello, señala que “no debería ser incompatible el disfrute de una prestación económica en materia de dependencia con el ejercicio de una relación laboral, y en ese caso, lo que procedería sería un revisión de la capacidad económica como criterio corrector y, la cantidad a percibir en materia de dependencia resultaría revisada, en su caso, pero en ningún caso suspendida”.

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