La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Santa Cruz de Tenerife denunció ayer que se deniega a los agentes la utilización de medios de autoprotección adquiridos por ellos mismos ante las deficiencias que presentan los facilitados por la Administración. Se da la circunstancia de que los agentes adquieren medios de autoprotección dotados de mejores condiciones técnicas o simplemente mejor adaptados a su fisonomía, tales como chalecos antibala femeninos, fundas antihurto y de extracción rápida, guantes anticorte, etcétera.
Elementos que ofrecen una respuesta más rápida del agente ante una agresión con arma de fuego y, además, facilitan una mejor protección de su integridad física, que en la actualidad no pueden emplear debido a que una orden general dictada desde la Dirección General de la Guardia Civil impide su empleo por los guardias civiles que se encuentran prestando servicios de seguridad ciudadana en patrullas y dotaciones policiales de atención directa al ciudadano, o en aquellas con mayor contacto con la delincuencia, como pueden ser las unidades de traslado de presos.
Ante tal circunstancia, la AUGC de Santa Cruz de Tenerife reclamó mediante escrito presentado a la Dirección General de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife la posibilidad de utilizar los elementos de protección adquiridos por los propios guardias civiles, a la vista de las deficiencias que presentan los medios de dotación oficiales.
Dicho escrito fue contestado en sentido negativo, acogiéndose a la referida orden general que define el vestuario y dotación que deben portar los trabajadores de la guardia civil cuando realizan sus funciones, “a todas luces obsoleta teniendo en cuenta la evolución de la delincuencia, en la que se viene observando que cada vez cuenta con métodos más avanzados y se muestra más violenta”, tal y como explica el portavoz provincial de la AUGC, Juan Antonio Moreno.
“Un ejemplo patente de lo que decimos lo tenemos en el caso de las fundas para la pistola de tipo antihurto y extracción rápida, que sirve para que el arma nunca pueda ser extraída en caso de que se intente sacar de frente o en posición vertical. Se trataría de una funda para la pistola de dotación que normalmente portan los guardias civiles y que podría evitar muertes como la de José Manuel Arcos, el guardia civil que presuntamente fue asesinado con su propia arma reglamentaria el pasado 15 de octubre en Huétor Vega y que previamente le fue arrebatada por su agresor”, detalló Moreno.
“Todas estas carencias -continúa el representante de la AUGC- se hacen más patentes aún si cabe si tenemos en cuenta que nos encontramos en un nivel de alerta 4 sobre 5 por amenaza terrorista, lo que hace necesario activar mecanismos de alerta temprana y autoprotección para los guardias civiles que se dedican a actuar en servicios con trato directo con la ciudadanía, así como los que realizan funciones de protección de personalidades y edificios públicos, servicios en los que es necesario adoptar elementos adicionales para asegurar la protección de la salud laboral de los guardias civiles. En dichas labores queda más que acreditado que resultaría conveniente la utilización, entre otros, de chalecos antibalas, porta cargadores adicionales, defensas, guantes anticorte, linternas de pequeño tamaño o calzado que protegería al agente frente a la infección por contacto con ciertas sustancias orgánicas”.
Desde la AUGC tinerfeña se recuerda incluso que son los propios funcionarios quienes adquieren esos complementos básicos para su protección, por lo que entienden aún menos la prohibición de su uso.
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