Se acabó la espera. Canarias estrena hoy Estatuto de Autonomía, el tercero después de los de 1982 y 1996. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la ley de la reforma, que el Senado aprobó el 24 de octubre en la misma sesión plenaria en la que salió adelante la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) en sus aspectos económicos. La renovada norma fundamental del archipiélago atlántico entra en vigor con el foco del interés informativo fijado en la reforma electoral y en la supresión de los aforamientos a los miembros del Gobierno regional y del Parlamento; en medio de la polémica en torno a la situación judicial de Fernando Clavijo y el aparente pulso con la Fiscalía ante una eventual imputación (investigado) por el caso Grúas. Más allá de las prisas y de las interpretaciones, la realidad es que el presidente autonómico pierde la protección del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al tratarse de una causa que se remonta a su etapa en el Ayuntamiento de La Laguna y ajena a su actual función pública.
En lo que respecta a la reforma electoral, los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Podemos y Nueva Canarias han presentado escritos a la Mesa de la Cámara para solicitar a la presidencia de la institución que se pronuncie con celeridad sobre la aplicación del régimen electoral. Carolina Darias explicó ayer en una rueda de prensa que con este objetivo se han registrado dos escritos: el primero, por parte del Grupo Popular y el otro, conjunto de Nueva Canarias, Podemos y el PSOE. La idea es tener celeridad para resolver “las dudas” sobre la aplicación del apartado que regulará el sistema electoral en las Islas y que esta sea efectiva en los comicios autonómicos de mayo de 2019. Hay incertidumbre sobre cuántas urnas y cuántas papeletas se deberán utilizar en la jornada electoral, indicó Darias.
En la segunda iniciativa se formulan siete preguntas con las que se pretende “dilucidar” algunas cuestiones relacionadas con el desarrollo normativo del nuevo modelo electoral, que agrega a las siete circunscripciones insulares, que elegirán a 61 diputados, una más, la regional, con la que se optará por los nueve parlamentarios restantes. No obstante, en Nueva Canarias albergan pocas dudas. “Tenemos un nuevo modelo electoral que se debe aplicar en las elecciones de mayo de 2019, a través de una modificación legislativa, un decreto ley del Gobierno de Canarias o por medio de la Junta Electoral”, expuso Román Rodríguez. “No hay marcha atrás”, enfatizó. El líder de NC hizo un llamamiento a la “responsabilidad” del Ejecutivo en minoría de Coalición Canaria para que “deje de confundir intencionadamente” a los canarios, porque, insistió, el Gobierno de Canarias “está obligado a cumplir y respetar” sus previsiones, “en todos sus extremos, desde la eliminación de los aforamientos al sistema electoral”.
Nueva Canarias advierte de que el Ejecutivo de Clavijo “no se puede escaquear”, puesto que debe “garantizar los derechos de la gente” a elegir a los candidatos de la circunscripción canaria y la insular sea en una o dos urnas, en una o dos listas o con un desarrollo de la ley que deberá hacer el Parlamento, con un decreto ley del Ejecutivo o mediante el desarrollo de las competencias de la Junta Electoral canaria”. La ley “obliga a todo el mundo”, recalcó, “pero más a los cargos de responsabilidad institucional”. El Gabinete de Fernando Clavijo “debería respetar la institución del Gobierno de Canarias, que representa a todos los canarios, no solo a Coalición Canaria”, avisó.
Además del aumento en el número de escaños (de 60 a 70) y de la circunscripción complementaria, el sistema rebaja los topes electorales para acceder al Parlamento del 30% al 15% en cada ámbito insular y del 6% al 4% en el regional. El Estatuto también otorga a la jefatura del Ejecutivo autonómico la facultad de disolver el Parlamento para convocar elecciones anticipadas. Además, se podrá gobernar mediante decretos ley en situaciones de “extraordinaria necesidad”, con una posterior convalidación parlamentaria en el plazo de 30 días naturales.
Otra característica clave en el desarrollo político y económico, para el bienestar de la sociedad canaria, en definitiva, lo constituye el anclaje del REF y la desvinculación de sus recursos de la financiación autonómica ordinaria. A ello se une la consolidación del concepto de la ultraperiferia, ya reconocido por el Tratado de la Unión Europea, lo que implica la modulación de las políticas que emanen de cualquier administración conforme a las particulares condiciones de Canarias, como la lejanía y la doble insularidad.
Las aguas entre las islas se incorporan al territorio de la comunidad autónoma (algo insólito en España, al igual que lo de los aforamientos) y La Graciosa se convierte en la octava isla habitada, aunque carezca de Ayuntamiento y Cabildo propios. El catálogo de derechos incluye la renta ciudadana de subsistencia, como una herramienta frente a la exclusión social, una “buena administración” y que los animales son “seres que sienten” y no podrán ser utilizados “en actividades que conlleven maltrato o crueldad”. ¡Ah!, la siguiente reforma será sometida a un referéndum.
La propuesta entró en el Congreso de los Diputados en abril de 2015. El Parlamento de Canarias decidió iniciar el proceso el 22 de abril de 2014 con los votos a favor de los grupos Nacionalista y Socialista, la abstención del Mixto (NC-PIL) y el rechazo del PP. En las Cortes se opuso Podemos y Ciudadanos se abstuvo.
A pesar de la alegría indiscutiblemente mayoritaria, la controversia no cesa. Podemos acusa al Gobierno monocolor de CC de utilizar un lema “de claro tinte ultraconservador”, “supremacista”, para una campaña institucional: “Primero, Canarias”.
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